Sin noticias de la Oficina Judicial

Con ser dramático el escenario por la renuncia a nuevos juzgados, que vendría a descongestionar los ya existentes y que, sin embargo, llevará a partidos judiciales al colapso, no es lo único que sustrae el Gobierno de la Generalitat a la Justicia. De momento, no ha empezado siquiera a desarrollar el programa de implantación progresiva durante cuatro años, empezando por 2010, de la Oficina Judicial (que presentó con todo el boato Paula Sánchez de León el pasado mes de abril), ni un euro de los siete millones de euros públicamente comprometidos ha ido a su destino.

El director general de Justicia, Antonio Gastaldi, asegura que la nueva Oficina Judicial, "probablemente el próximo enero pueda iniciarse en Valencia como experiencia piloto".

Pero el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, ya ha admitido que la Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana "sigue siendo todavía una pura entelequia" porque "ni está ni se le espera".

No entran en funcionamiento los nuevos juzgados, no funciona la oficina judicial, se reduce la bolsa de interinos (que ha pasado, según los datos de UGT, de 70 a 80 en cada convocatoria a escasos 30) y falta dinero para pagar muchos de los consumibles, aunque Gastaldi asegura que "ahora sí hay liquidez para pagar a los proveedores".

La saturación que viven algunos juzgados, como en el caso de Castellón, con volúmenes de trabajo del 268% por encima de lo que se aconseja para que un juzgado de lo civil funcione con normalidad, se ha visto agravada por la falta de medios para desarrollar el trabajo con normalidad.

La ausencia de medios, tanto materiales como humanos, ha llevado a los sindicatos a anunciar movilizaciones. Mañana se celebrarán en Llíria y en Castellón. En el primer caso, por la falta de medios, en el segundo, por la amortización de plazas para dotar al nuevo juzgado, motivo por el que, además, los sindicatos han trasladado un escrito de queja al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y a los colegios profesionales implicados, tanto el de abogados como el de procuradores.