La oposición exige a Camps que explique "ya" la trama

Mientras el PP guardaba silencio, los partidos de la oposición coincidieron ayer en reclamar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que explique "ya" la relación de la Administración autonómica con la empresa Orange Market, vinculada a la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En el caso de que el jefe del Ejecutivo valenciano no ofrezca ninguna aclaración, la oposición llevará el caso a las Cortes.

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, exigió a Camps que ofrezca explicaciones "inmediatamente", ya que se trata de un tema por el que la policía judicial entró en dependencias de la Generalitat, "investigando un proceso penal con delitos gravísimos y con varias detenciones". Entre los arrestados se encuentra Francisco Correa, hombre ligado a Orange Market, una empresa que se ha hecho con varias adjudicaciones del Consell. Para Alarte, Camps debe explicar "qué documentos se están investigando" y qué decisiones y las medidas que va a adoptar "para clarificar este asunto".

El líder de los socialistas valencianos aseguró que en el caso de que Camps no explique la conexión entre la trama y la Generalitat, el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas pedirá que la pregunta a la que se someta el jefe del Ejecutivo valenciano el próximo jueves se refiera a la relación de la Administración con Orange Market. Para Alarte, el Gobierno de Camps ha reproducido pautas como la "ridiculización de la ética y el culto al dirigente corrupto", y mantuvo que aunque no tenía nada que valorar sobre la investigación de Baltasar Garzón, "en política, no solo existen responsabilidades penales, sino también políticas".

Iniciativa y EUPV fueron más allá y exigieron a Francisco Camps que no solo dé explicaciones de la relación de Orange Market con la Generalitat, sino también de los trabajos que ha realizado la empresa para el propio PP. Iniciativa pedirá la comparecencia de la consejera de Turismo, Angélica Such, y EUPV reclama que se suspendan los contratos hasta que culmine la investigación.