Los óvulos fecundados computan para lograr vivienda
Camps equipara los embriones a los hijos en las ayudas a la vivienda
Los óvulos fecundados han pasado a ser "beneficiarios con protección preferente" a efectos de la obtención de ayudas y prestaciones de los planes de vivienda del Gobierno y de la Generalitat. Y cuantos más, mejor, a tenor de lo que establece una resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Transporte fechada el pasado 28 de septiembre y firmada por el nuevo titular del departamento, el ex consejero de Bienestar Social y autor de la Ley de Protección de la Maternidad, Juan Cotino.
La consideración de los embriones como nuevos miembros de la unidad familiar a efectos legales, dentro de la legislación antiabortista promovida por Cotino e impulsada por el Consell que preside Francisco Camps, llega a tal extremo en la "protección" de la mujer embarazada que establece que, "a efectos de los planes de vivienda, se computará que la unidad familiar de la que forme parte la mujer embarazada está integrada por uno o más miembros adicionales desde el momento de la fecundación, dependiendo del número de hijos que espere".
Para justificar esos "miembros adicionales", deberá aportarse "certificación médica que acredite el embarazo en el momento de la presentación de la solicitud de las ayudas", explica la resolución. Nada dice, sin embargo, de cuáles serán las consecuencias si los "miembros adicionales" no llegan a ver la luz, si el embarazo, en fin, se interrumpe voluntaria o involuntariamente.
Dado que la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Generalitat está habilitada para determinar "otros supuestos de protección preferente" tanto en lo que se refiere al Plan Autonómico de Vivienda 2009-2012, dotado con 450 millones de euros, como al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, dotado con 933 millones de euros, la consideración de los embriones como beneficiarios afecta también a las ayudas a la vivienda en alquiler o en propiedad articuladas por el Gobierno y al acceso a las viviendas de protección oficial.
La diputada socialista en las Cortes Valencianas María José Salvador calificó ayer la norma como fruto de la "reacción tridentina contra la nueva regulación del aborto que promueve el Gobierno de Rodríguez Zapatero". La resolución firmada por Cotino puede llevar, en su opinión, a "una clara inseguridad jurídica" y el Ministerio de la Vivienda "seguramente tendrá que decir algo sobre ella".
