Los padres pagan en la escuela ante los recortes públicos

El 9 de septiembre de 1998, un flamante Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, y su entonces consejero de Educación, Francisco Camps, (hoy presidente) inauguraron el curso escolar en el remodelado colegio público Cervantes. Zaplana aprovechó tan mediática plataforma para abandonar el tono habitual de estos discursos de tinte pedagógico y arremetió contra sus adversarios políticos del PSPV, a los que responsabilizó de alimentar un debate "mezquino" sobre las carencias de la educación pública y les acusó de "mentir". Zaplana y Camps, ese día, tenían un as en la manga: el estreno oficial de una de las primeras aulas de Tecnología en un colegio público conectadas al (fallido) programa Infocole, desde la cual se llevó a cabo una videoconferencia con la comisión de Internet del Senado. "El aula de Informática tenía un teléfono para conectar y una dirección de correo electrónico, a los que nadie ha respondido nunca. Desde entonces, han sido los padres los que se encargan de la informática y de que esa sala funcione". Éste es el gráfico resumen que hace Enrique Díez, presidente del AMPA, de aquel despliegue oficial y posterior silencio administrativo, a la hora de mantener o reparar las instalaciones dañadas.

"¿Quién arregla el asfaltado, el vallado, las calderas o pone un toldo en el patio?"

El forcejeo entre Administraciones deja las reparaciones menores en el aire

"Desde 1998 nadie ni del Ayuntamiento de Valencia ni de la Consejería de Educación han vuelto por allí", certifica. La semana pasada un grupo de madres decidió "pintar el aula" ante el visible deterioro de las instalaciones. No ha sido la primera vez. Desde la inauguración del centro, "el AMPA ha pagado el aire acondicionado en las últimas plantas porque no se puede soportar el calor; ha arreglado el gimnasio cuando se inundó por las lluvias debido a que se embozan los desguaces con la mierda de las palomas porque no se limpian; y tampoco ha acudido nadie a revisar el mal estado de los baños".

"El colegio funciona gracias a que el AMPA gestiona su propio comedor escolar y ese dinero extra revierte sobre el centro. Sirve para sufragar gastos como un toldo en el patio pequeño para que los niños no se asen de calor, o la compra de ventiladores para la sala de profesores o instalar el equipo audiovisual del salón de actos", precisa Díez, quien, no obstante, reconoce: "En este colegio, somos unos privilegiados, porque en Valencia los hay que están muy mal".

La privatización de la escuela pública emprendida por el PP en 1996, con la escalada sostenida de conciertos que ha logrado revertir el tradicional equilibrio entre la red pública (que representaba el 70%) y la privada-concertada (el 30% restante) en favor de esta última, ha dejado huella en los colegios públicos. Empiezan ya a parecerse a los concertados.

En las escuelas concertadas, los titulares se dirigen a las familias para que financien este tipo de gastos mediante una cuota "directa" o "indirecta". Lo hacen a través del AMPA para sortear la ley, que impide a una empresa de enseñanza subvencionada exigir a los alumnos cualquier tipo de cobro obligatorio.

Esta fórmula empieza a extenderse por los centros públicos del territorio valenciano. Aunque con diferencias. Las AMPA de los colegios públicos no suelen pedir dinero extra a las familias: si gestionan su propio comedor, actividades extraescolares o la distribución de libros y generan unos ingresos extra (aparte de las cuotas de sus afilados) financian desde becas de comedor para niños sin recursos a reparaciones menores que corresponden a los Ayuntamientos.

Otras AMPA presionan con protestas hasta que el Consistorio responde enviando a los técnicos y a "unos operarios" para que hagan la correspondiente reparación (baños, gimnasios, grietas, goteras, etcétera). Éste ha sido el caso del colegio público Carles Salvador de Benimaclet, en Valencia, que denuncia la humedad, el moho verdiazul y las múltiples grietas aparecidas en la valla del colegio. Hasta hace una semana, unos carteles pegados a la barda rota denunciaban "zona infectada", "peligro" o "el Ayuntamiento no nos hace ni caso". Eso hizo mella en la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que mandó arreglarla.

No obstante, el "principal problema" en este momento, según explica Josep Revert, presidente del AMPA, es que "quiten el barracón provisional desde el año 2005 y envíen un logopeda para los quince niños que lo necesitan". Por eso, el viernes 13 volvieron a manifestarse.

"Pero, ¿quién arregla las goteras, cuando los barracones los ha puesto Ciegsa por orden de la Consejería de Educación, durante el tiempo que se construye otro centro?". Desde luego, no le toca al Ayuntamiento de Sagunto, uno de los núcleos urbanos de la provincia de Valencia con más barracones por metro cuadrado, según confirma José Manuel Tarazona, presidente del CEIP número 10. "Se trata de un colegio íntegramente en barracones, que cuando llueve se inunda la parte exterior y con las últimas lluvias tenemos goteras en algunas clases y en los pasillos", explica.

En Burjassot, en el área metropolitana de Valencia, los cinco colegios públicos, el Ayuntamiento y las AMPA han enviado desde 2007 multitud de cartas y de firmas a la Consejería de Educación -que "se encuentran avaladas por informes técnicos"- para que ésta atendiera las reformas de las viejas instalaciones eléctricas del CP Miguel Bordonau, CP Fernando Ríos y del viejo San Juan de Ribera; reparara el techo de amianto del CP Virgen de los Desamparados o resolviera el asfaltado, el vallado perimetral o la caldera del CP Villar Palasí. El pulso de la consejería con este Ayuntamiento socialista se ha llevado, entre tanto, dos cursos por delante y parte de las reparaciones a costa de la caja municipal.

¿A quién corresponden estos gastos? Para los presidentes de las AMPA la ley está clara. Según el decreto de 3 de noviembre de 2003, "corresponde a la Consejería de Educación las obras de reforma de los edificios destinados a centros de educación, abarcando el conjunto de obras de ampliación, mejora y modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente, mientras que la conservación, el mantenimiento y vigilancia de éstos corresponderá al municipio", en el caso de los centros de Educación Infantil de segundo ciclo, Primaria o Educación Especial dependientes de las Administraciones educativas.

El forcejeo entre Ayuntamientos, de cualquier signo político, y la Consejería de Educación hace que, en la mayoría de los colegios de poblaciones mayores de 30.000 habitantes las goteras y las reparaciones menores se gestionen como una pelota que cambia de tejado. Mientras, la mayoría de las 1.585 escuelas públicas necesita algo más que una mano de pintura.