El parón urbanístico deja al borde de la bancarrota a Pego y Gata

Construidas sobre las cimas de dos de las grandes montañas de La Marina Alta, las macrourbanizaciones de Gata Residencial y Penya Roja de Pego se erigieron en el estandarte de la reciente era de expansión urbanística, cuando el ladrillo invadía las cumbres más altas y los ayuntamientos se frotaban las manos con las expectativas económicas generadas por tantas licencias. Hoy, sin embargo, son un símbolo de la crisis: ambas urbanizaciones se encuentran inacabadas y los consistorios que las propiciaron atraviesan graves problemas financieros.

El complejo de Penya Roja es fruto de la fiebre urbanística alentada a finales de los noventa por el ex alcalde de Pego Carlos Pascual, hoy en prisión por delitos medioambientales en el parque natural de El Marjal, y que aspiraba a incrementar en un 150% la población del municipio. No obstante, fue impulsada ya en 2003 por el tripartito que derrocó del poder a Pascual, integrado por PP, Bloc y PSPV. Las dimensiones del proyecto, que preveía dos mil casas a apenas 500 metros de El Marjal y que supuso la voladura con dinamita de gran parte de la montaña, provocó hondas discrepancias entre populares y nacionalistas: de hecho, el entonces concejal de Urbanismo, Eduardo Siscar, hoy ha vuelto a aliarse con Pascual.

Pego usó 2 millones de euros de una urbanizadora como gasto corriente

La promotora Martinsa-Fadensa debía construir un millar de esas viviendas. Le dio tiempo a edificar unas 200, todas ellas en esa cima de Pego, antes de declararse el pasado mes de agosto en suspensión de pagos dejando las obras inacabadas, con los riscos descarnados por los desmontes y los viales sin asfaltar. También desató una honda inquietud económica en la comarca, ya que hay varias empresas proveedoras, dedicadas a la jardinería, el remate de obras o la fontanería, que habían firmado contratos con la promotora.

Como los ingresos urbanísticos no se concretaron, el Ayuntamiento se encuentra en la actualidad cerca de la bancarrota. Incluso los dos millones de euros que la urbanizadora pagó para mejorar las infraestructuras que debían atender el aumento de la población propiciado por el PAI fueron utilizados por el Gobierno local para cubrir el gasto corriente municipal, lo que ha provocado una denuncia judicial del PP, en la oposición.

Mientras, la urbanización Gata Residencial se inició en 2001, bajo Gobierno del PP, y contemplaba 996 viviendas. La promotora Jubesa edificó 515 hasta que en 2006 abandonó el programa con pérdidas de 70 millones.

Jubesa vendió las parcelas sobrantes a la mercantil Vértice, que ha acabado en concurso de acreedores. Aún faltan 200 chalets por edificar y, lo que es más grave, un plan para construir las principales infraestructuras de Gata Residencial, incluida parte de la red de pluviales. El Ayuntamiento ha abierto un proceso para la contratación de esas obras, para lo que utilizará el depósito de 5,7 millones de euros que dejó Jubesa en forma de aval.

La paralización del PAI ha provocado un descenso en los ingresos del Ayuntamiento, que en 2006 menguaron un 60% y en 2007 un 90%. El Consistorio debe 1,1 millón de euros por facturas, lo que le ha obligado a pedir créditos a los bancos.

Esta situación ha llevado al BNV a negociar con PSPV y Coalició Valenciana una moción de censura contra el PP, que gobierna en minoría y al que los nacionalistas acusan de ser incapaz de resolver el caos económico municipal.