La querella

El anuncio de que los socialistas valencianos nos vamos a personar, acompañando querella, en el procedimiento que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia contra D. Francisco Camps y otros ilustres imputados ha provocado no pocos comentarios. A unos les parece una osadía y un exceso. A otros les parece que llegamos tarde.

Es evidente que la denuncia inicial no ha sido nuestra y que las actuaciones judiciales que se han seguido, hasta la fecha, no han respondido a nuestro impulso. No sé a quién se refiere Rajoy cuando habla de "inquisidores del siglo XXI". Sólo desde la manipulación y el intento de engaño se nos puede acusar, a nosotros, de montaje. Es el funcionamiento de instituciones medulares del Estado el que ha llevado este procedimiento penal a la situación en que se encuentra, aunque también es cierto que el Sr. Camps ha preferido ese terreno de juego, para dirimir sus responsabilidades.

No disponemos de ningún documento relativo a los contratos con Orange Market

Esta estrategia responde a un cálculo interesado. En un sistema penal como el nuestro que ofrece un importante elenco de garantías al acusado, es complicado probar la comisión del delito de cohecho y Camps lo sabe. Todos los que participan en la comisión de este tipo de delitos tienen mucho interés en borrar las huellas de su ejecución. Los pactos son siempre verbales y los pagos, en negro. Por otra parte, la complejidad formal del mecanismo de adopción de decisiones en la Administración, con la cantidad de sujetos que participan en la elaboración de estas decisiones, facilita la dilución y evaporación de responsabilidades.

Con todo eso ha contado Camps. Su posicionamiento estratégico parte de un razonamiento sencillo. Dado que lo llamativo son los trajes, Camps está convencido de que es altamente improbable que se pueda sostener la existencia de un cohecho a partir del regalo de unos pocos metros de buena tela. Además, todo el esfuerzo mediático de sus defensores se concentra en la figura del sastre, tratando de fijar la imagen de que se trata de la palabra de un hombre honorable contra la palabra de un cualquiera. ¡Como si no existieran papeles y grabaciones para oponer a palabra tan honorable como carente de pruebas! Pero esto no entra en sus cálculos, de manera que en el imaginario de Camps no hay más salida que el archivo del expediente. Si se limita el asunto al ámbito penal, piensa Camps, y el procedimiento no prospera, se ha ganado la partida. A partir de ahí, victimismo y victoria. No hace falta rendir cuentas ante nadie más. Todo eran maledicencias de la oposición y se ha conseguido la vacuna contra nuevas acusaciones. Se puede seguir instalado en la corrupción sin mayores sobresaltos.

Hasta este momento, los socialistas no hemos querido explorar la vía penal, por dos razones. La primera tiene su fundamento en el valor que le damos a los usos propios de un sistema democrático. La oposición debe empezar pidiendo explicaciones en el Parlamento y el Gobierno está obligado a darlas. Por eso, desde el primer momento, todas nuestras actuaciones se han llevado a efecto en el seno de les Corts Valencianes. El problema es que ahí hemos chocado con el más absoluto ejercicio de opacidad. Tanto desde la mayoría de la Mesa de la Cámara, situada claramente en posición de insumisión frente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como desde el propio Consell, se han cegado todos nuestros intentos de acceder a información sobre las relaciones entre el sector público dependiente de la Generalitat y las empresas de la trama Gürtel. A día de hoy y después de meses persiguiendo esta información, no disponemos de ningún documento relativo a los contratos con Orange Market. Ni siquiera sabemos cuántos se han celebrado entre el sector público valenciano y esta o las otras empresas de la citada trama Gürtel.

No contentos con la falta de respuestas, en un ejercicio impensable en cualquier democracia sana, nos acusan de perseguirles. La provocación alcanza el esperpento cuando tenemos que soportar cómo el Sr. Camps nos dice, en les Corts, que todo está a nuestra disposición y que el ejercicio de transparencia de su Gobierno es el más amplio. No se puede mentir de forma más agresiva, premeditada y arrogante.

La segunda razón para no haber acudido, todavía, a la vía penal se fundamenta en la falta de conocimiento que ha habido, hasta la fecha, sobre las circunstancias que han rodeado los comportamientos investigados en sede judicial. Como he señalado, la opacidad del Gobierno de Camps ha sido y es absoluta, lo que no facilita el ejercicio de acciones penales por la falta de pruebas. Sin embargo, la persistencia de Camps en negar lo evidente sin ofrecer explicación verosímil alguna, el mantenimiento por el tribunal de las actuaciones e imputaciones después del conocimiento de las pruebas existentes y de las declaraciones de imputados y testigos (lo que da una idea de la consistencia de las imputaciones) y, finalmente, el conocimiento de irregularidades evidentes en la adjudicación y ejecución de contratos públicos con empresas de la trama investigada, gracias a la labor de algunos medios de comunicación, nos permiten, en estos momentos, actuar en defensa del interés público personándonos en las diligencias abiertas. Ahora tenemos algo más que una íntima convicción de que se han dado comportamientos que exigen la imposición de responsabilidades penales.

Dicho esto, es preciso aclarar que no vamos a abandonar la exigencia de responsabilidades políticas. Las irregularidades administrativas, otorgando contratos y más contratos a una empresa sin capacidad para ejecutarlos, son más que evidentes y ponen de manifiesto la falta de objetividad e imparcialidad de la Administración autonómica valenciana. Pero el tema es de tal calado que, hoy, la defensa del interés público nos obliga a recurrir a todos los instrumentos del Estado de derecho. La opacidad que envuelve la gestión de los recursos públicos valencianos nos impone acudir al único poder del Estado que puede sacar a la luz el trasfondo de comportamientos dotados de una constatable apariencia delictiva. Llegado este momento, acudimos al tribunal para que se pueda conocer la verdad, para que se puedan valorar hechos y comportamientos y para que se castigue a los que han vulnerado las leyes. Ya no se puede soportar la atmósfera de impunidad que envuelve la gestión de lo público en la Comunidad Valenciana.

La decisión no ha sido fácil ni precipitada. Esperamos una reacción desproporcionada y estamos preparados para ella, pero la decisión viene obligada por nuestro compromiso con los valencianos y con la defensa de la legalidad. Es el futuro de una Administración que sirva con objetividad e imparcialidad los intereses de los ciudadanos lo que está en juego, nada más y nada menos. Si ha valido la pena luchar para conseguir un Estado democrático y un régimen de autogobierno, no podemos asistir callados al ejercicio de degradación al que lo está sometiendo Camps. No, mientras nos queden fuerzas y apoyos en la sociedad valenciana.

Ángel Luna es Síndic-Portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas.