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Los recortes del Consell alarman a dependientes y servicios públicos

La Generalitat pide "modular" sus convenios para sortear la crisis económica

Al Consell se le encarnizan los frentes abiertos por sus problemas financieros. La patronal de centros de atención a mayores y a personas dependientes se reúne mañana de urgencia para analizar el recorte de las subvenciones públicas que puede dejar "en la calle" a 1.800 ingresados.

Asimismo, los bomberos tienen previsto protestar a Francisco Camps el viernes por la noche en Teulada por las precarias condiciones en que desarrollan su labor. La Generalitat debe 21 millones de euros sólo al Consorcio Provincial de Valencia.

Por otra parte, los ayuntamientos analizan la necesidad de elevar la matrícula en los conservatorios públicos ante la caída de un 54% de las subvenciones de la Generalitat para el curso próximo. Mientras, la Consejería de Educación suprime el 60% de las plazas de profesores de apoyo para combatir el fracaso escolar, un recorte de 400 puestos.

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En esa línea, la Asociación Valenciana de Ortopedia emite un comunicado para negar posibles deudas de la Consejería de Sanidad, pero añade que mantiene "reuniones con la consejería para alcanzar un acuerdo que permita contraer el gasto de la prestación ortoprotésica y garantizar el cobro de la misma".

El problema reside en que para contraer un gasto, la Generalitat necesita disponer de ingresos. Y la crisis económica y la paralela caída del consumo privado repercute de forma decisiva a la baja en los ingresos de la Hacienda autonómica.

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Serafín Castellano, consejero de Gobernación, sugirió ayer que será preciso "modular" el convenio contraído con los bomberos de Valencia, por ejemplo, para garantizar su cumplimiento. Es decir, dilatar los plazos de pago. Retrasar los pagos ha sido una práctica frecuente para la Generalitat durante los últimos años. Como resultado, la Comunidad Valenciana tiene la mayor deuda pública entre todas las comunidades autónomas en proporción a su población y a la riqueza que genera. En total, 15.356 millones de euros.

Pero si se acumulan los compromisos adquiridos a futuro, las deudas de las empresas públicas, las deudas con proveedores, las facturas en el cajón de la Consejería de Sanidad o las cantidades adeudadas a personas con derecho a recibir las ayudas previstas en la ley de dependencia, esa deuda se triplica. Según estimaciones del grupo parlamentario Compromís, la hipoteca de la Generalitat supera los 40.000 millones de euros.

3Un total de 77 ancianos dependientes ingresados en las dos residencias Novaire de Elche dejarán de recibir ayuda económica de la Generalitat el 31 de agosto. Se suman a otros 45 ingresados en la residencia L'Albereda, de Alaquàs. Y a otros tantos que están pendientes de la renovación de un convenio trimestral con la Generalitat. En total, 1.850 posibles afectados.

El presidente de la patronal de centros asistenciales (Aerte), Alberto Jiménez, explicó ayer que "se trata, según nos dicen ya hace tiempo desde Bienestar Social, de un problema presupuestario, que tienen dificultades".

La consejería y Aerte firman un convenio cada tres meses para que los pacientes reciban sus ayudas. Tres semanas antes de que venza el acuerdo, ambas partes se ponen a trabajar para su renovación. "Esta vez no ha sido así", cuenta Jiménez, "pero confiamos en que se solucione antes del próximo día 1".

La consejera de Bienestar Social, Angélica Such, aseguró que "no hay ningún planteamiento de reducir las plazas concertadas". Such anunció que en septiembre "hay prevista una reunión con el empresariado con el que se conciertan las plazas para ir tratando los temas que van surgiendo". La responsable de Bienestar Social indicó que no tiene constancia "de que ninguna persona se haya quedado sin plaza". Hasta la fecha.

Serafín Castellano, consejero de Gobernación, también optó por un mensaje apaciguador. "La Generalitat cumplirá los compromisos firmados, más cuando están firmados, pero lógicamente hay que tener en cuenta que dentro del sector privado y público hay una coyuntura económica que hace necesario que tengamos que llegar a determinados acuerdos, que no eximen del cumplimiento del convenio, pero que los deben modular".

Castellano afronta un conflicto con los consorcios provinciales de bomberos y acaba de heredar otro con las bandas de música. Los bomberos, especialmente el Consorcio de Valencia, reprochan a Castellano, y al presidente Francisco Camps, que trabajan con material obsoleto (cascos y trajes caducados), vehículos averiados y falta de personal. Pero además, le piden cuentas sobre el impago de 21 millones de euros correspondientes al 30% del presupuesto de los consorcios que aporta la Generalitat. Esa deuda impide hacer frente a modernizaciones que los bomberos consideran "vitales". Castellano no reconoció expresamente una deuda de 21 millones de euros. Sólo admitió que la situación obliga a negociar los compromisos adquiridos. Y no despejó hasta cuándo quiere diferir sus responsabilidades.

La presión sobre las cuentas se extiende a todas las áreas. La Consejería de Educación se ceba, el próximo curso, en los gastos de personal. Los recortes en la dotación de profesores de programas de apoyo y refuerzo para combatir el fracaso escolar se ha cobrado 400 puestos docentes, un 60% de la plantilla, cuando cerca del 40% de los alumnos de secundaria abandonan sus estudios. El mismo tijeretazo se hizo visible en julio, cuando la consejería redujo la oferta de trabajo en 1.500 puestos al adjudicar las plazas vacantes.

La Formación Profesional, clave para que los jóvenes que abandonaron el sistema escolar en los años de la fiebre de la construcción y de la hostelería adquieran una formación cualificada, se ha llevado la peor parte. No se han autorizado desdobles de aulas para evitar contratar a más profesores y se han cerrado grupos de familias profesionales como automoción o electricidad que eran muy demandadas.

Los conservatorios municipales han sido los últimos afectados con un drástico recorte del 54% de las subvenciones de la Generalitat.

El mismo recorte que han sufrido las ayudas a las sociedades musicales. Los responsables de las bandas solicitan, al menos, que se les reconozca la categoría de Bien de Interés Cultural, como a la Fiesta de los Toros o al Corpus Christi. El 1 de septiembre tienen previsto reanudar sus conversaciones con Castellano, nuevo responsable de las bandas musicales.

También Ràdio Televisió Valenciana, cuyo presupuesto aprueba la Consejería de Economía, ha tocado fondo. Si desde hace más de un año se pasan verdaderos apuros para pagar las nóminas, ahora no se paga a los becarios, que llevan meses trabajando sin cobrar. Pero tampoco se pagan deudas millonarias a productoras, como la de L'Alquería Blanca, a la que deben una cantidad importante a pesar de ser la creadora del producto estrella de Canal 9. Como no hay dinero, no se dobla al valenciano, lo que está estrangulando al sector, en pie de guerra, que ve los compromisos legales alcanzados en Cataluña para proteger al sector como un sueño inalcanzable. La pasada semana había problemas para encontrar cintas para grabar, se están reutilizando más allá de lo conveniente. No sólo. La televisión valenciana perdió su canal internacional de las plataformas en las que estaba por falta de pago a Hispasat. Se ve por Internet.

Información elaborada por Neus Caballer, Pablo Ferri, Lydia Garrido, Ezequiel Moltó y Miguel Olivares.

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