Un régimen de incompatibilidades más estricto
Tras la última remodelación del Consell, en agosto de este año, Juan Cotino ha mantenido su rango de vicepresidente social de la Generalitat, pero ha cambiado de cartera. De Bienestar Social ha pasado a hacerse cargo de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Si en su anterior destino Cotino se enfrentaba a un conflicto de intereses, en su nueva responsabilidad también los tiene.
Como titular de Bienestar Social y por lo tanto mayor responsable de la política social de la Generalitat, el conflicto surgía por su vinculación con el entramado empresarial de su familia -el Grupo Sedesa-, que cuenta con una participación mayoritaria en Gerocentros del Mediterráneo, una de las grandes firmas de las residencias de mayores que factura cientos de miles de euros a la Generalitat.
Y en su nuevo departamento, los intereses de Sedesa vuelven a encontrarse con el área de decisión de Cotino. El consejero es responsable de la gestión de agua y Sedesa tiene una empresa especializada en ejecución de depuradoras y encauzamiento de barrancos. Pero, además, gestiona Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, y Sedesa participa con empresas de explotación de canteras o parques eólicos, jardinería e incluso con una importante empresa inmobiliaria.
"Esto en un país serio no sucede", sostiene el diputado socialista Antonio Torres, "en un país democrático es inconcebible que la familia de un responsable político facture millones de euros al departamento dirigido por un familiar".
Mònica Oltra, diputada de Iniciativa, se sumó ayer a esta cuestión al adelantar que en el próximo debate de política general en las Cortes Valencianas, el grupo parlamentario de Compromís propondrá "un régimen de incompatibilidades más estricto que el actual que no permita a un alto cargo conceder contratos a empresas participadas o administradas por familiares y amigos". Oltra aludió directamente a Cotino y "las numerosas adjudicaciones recibidas por Sedesa por parte del Gobierno del PP".
