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Columna
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¿Una sanidad y una educación que no nos podemos permitir?

La Generalitat ha empezado a meter la tijera. Tras este primer round la educación y sanidad públicas valencianas han recibido un buen estacazo, centrado en la cabeza de sus trabajadores públicos (con una mención especial, como es habitual en España, para quienes padecen condiciones más precarias, esto es, los interinos que desde hace años constituyen una generosa y maltratada fuerza de trabajo en nuestro sector público). Es casi inevitable que lleguen más. Como se sabe desde hace tiempo, el hundimiento de la recaudación hacía imposible mantener el gasto público en los niveles de los últimos años. Además, la reforma de la Constitución que imposibilita a las comunidades autónomas acudir a la deuda, tal y como explicamos en su día, lo pone aún más difícil para las que han tenido que usar esta alternativa ante la insuficiencia de su financiación. No es casual, por ello, que aquí tengamos un problema mucho más grave que en otros territorios. Tampoco es una sorpresa.

Desgraciadamente, la magnitud del recorte necesario hace imposible cuadrar gastos e ingresos sin tocar el importante gasto sanitario y educativo. Basta hacer números para darse cuenta de ello. Los eventos, por muy absurdos que sean y carentes de sentido como inversión (¡bienvenidos sean todos los que se han dado cuenta al fin!) no se llevan más de un par de cientos de millones de euros al año (lo cual no es poco, pero no llega ni a una décima parte del recorte necesario). Los sobrecostes y el derroche, tan habituales en estos años pasados en los que todo valía, se han llevado sin duda un buen bocado. Este diario cuantificaba hace unos días en unos mil millones de euros, por ejemplo, el que acumulan los grandes proyectos del Consell. Lamentablemente, se trata de una factura engordada durante casi dos décadas, con lo que el ahorro anual que se derivaría de una mejor gestión, absolutamente imprescindible, tampoco tiene capacidad para resolver el problema.

¿Significa eso entonces, sencillamente, que no hay más remedio que recortar en sanidad y educación? ¿Quieren decir los números que nos habíamos dotado de una asistencia sanitaria y una educación pública que no nos podemos permitir con nuestro nivel de riqueza? Sinceramente, cuesta creerlo. Entre otras cosas, porque ya tenemos las peores ratios (en camas o médicos por habitante, en número de profesores y equipación de los centros) de Europa y de España sin que seamos mucho más pobres que los demás. Siendo, incluso, en ocasiones, algo más ricos.

Lo que sí parece claro es que no podemos permitirnos esta sanidad y esta educación, al menos en la coyuntura actual, con el presupuesto que tenemos. Ni siquiera habríamos podido, antes de la crisis, sin recurrir al endeudamiento. Sin embargo, no cabe duda de que seríamos capaces de cuadrar las cuentas si recibiéramos una financiación autonómica que se correspondiera con lo que aportamos a las arcas públicas españolas (los últimos números publicados por el Ministerio de Hacienda, de 2008, cifraban en casi 8.000 millones de euros ¡cada año! el desequilibrio entre lo que aportamos y dejamos de recibir). O, como mínimo, el mismo dinero per cápita que el resto de comunidades autónomas. Lo que supondría, más o menos, 1.000 millones de euros adicionales al año. ¡Qué casualidad!

Andrés Boix Palop, blog en http://www.elpais.com/espana/cvalenciana

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