El sector del doblaje para cinco días por el recorte de Canal 9
Los ingresos de 500 familias y el futuro de 14 empresas del sector audiovisual están en peligro por los recortes que aplicará este año Canal 9 a la partida destinada al doblaje de las producciones al valenciano, que según el protocolo de Actuaciones de la Generalitat valenciana para el Fomento del Sector Audiovisual Valenciano firmado en 1998 debería mantenerse en cinco millones de euros. Los implicados denunciaron ayer que si ya en 2009 la televisión redujo en un 20% la cantidad pactada para quedar en 4,1 millones de euros, este año ha anunciado que se recortará en un 70%, quedando la partida en 1,5 millones.
Por eso, los trabajadores afectados han convocado un paro de cinco días, que comenzará hoy con una protesta y finalizará el martes con una marcha hasta la sede del canal autonómico, para quejarse del incumplimiento de la ley de creación de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), según anunció ayer en la sede de la SGAE Sergio Capelo, presidente del Col·lectiu de Professionals del Doblatge (CPD), que compareció junto a representantes del Colectivo de Técnicos de Doblaje (CTD), de la Asociación Valenciana de Estudios de Doblaje y Sonorización (Avedis) y de la Asociación Profesional de Traductores y Adaptadores (APTA).
Los profesionales y las empresas afectadas ya se han quejado ante el Síndic de Greuges, la Acadèmia Valenciana de la Llengua y los grupos parlamentarios. Pero tras las declaraciones de "buenas intenciones", según Capelo, el sector dice que "ya basta". Hoy esperaban poder salir a la calle para simular un doblaje. Pero el Ayuntamiento no les dejó poner una instalación: "Se trataba de un televisor, una mesa de mezclas, un magnetoscopio y un micrófono". Al final lo harán en un recinto cerrado. El lunes donarán sangre: "Ya que Canal 9 nos chupa la sangre, la donaremos gratuitamente". Y el martes, la marcha.
El sector asegura que Canal 9, que según su ley de creación nació para promover la lengua propia, "ha pasado de ser el motor del doblaje a ser el auténtico depredador del sector", en referencia a la demora de más de 400 días en los pagos pendientes. Además, los profesionales defendieron que en otras autonomías se dedica mucho más dinero, con Cataluña a la cabeza con 12 millones de euros anuales. "Se van a cargar en un año lo que ha costado levantar 20 años", se lamentó Capelo.
