Los socialistas piden al Gobierno que no cierre las terrazas de playa
Barberá y la oposición pactan una moratoria en defensa de los restaurantes
Fue un pleno agrio por el tono y largo, pero aun así gobierno y oposición pactaron, tras un correoso tira y afloja, una moción en defensa de las terrazas de los restaurantes de playa de Pinedo, El Saler y la Malva-rosa, que deben desmontarse a partir del 1 de enero por incumplir la ley de Costas. El gobierno de la popular Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia presentó ayer, en el último pleno del año, una moción de urgencia no prevista en el orden del día en la que pide al Gobierno una moratoria para que las terrazas no se cierren el día 1 en tanto hosteleros y Ejecutivo negocian una solución al problema. También solicitaba un informe que permita variar la Ley de Costas y diferenciar los chiringuitos en la arena de los restaurantes de playa instalados en los paseos marítimos, más típicos del litoral valenciano.
Los presupuestos para 2010 se aprueban con la oposición del PSPV
El consistorio pide la reforma de la Ley de Costas y el traspaso de competencias
El Grupo Socialista municipal se mostró dispuesto a secundar la propuesta del PP si aceptaban regular y clarificar el planeamiento municipal y los usos de estos establecimientos. La edil Carmina del Río planteó que se modifique el Plan de Ordenación del Paseo Marítimo de la Malva-rosa y el PRUG -plan que regula los usos- de L'Albufera para que se reconozca la singularidad de estos restaurantes y a partir de ahí puedan beneficiarse de las excepciones que plantea la ley estatal. En esa ordenación deberá aclararse el carácter estacional de esas terrazas y los metros que ocupan para evitar arbitrariedades de los empresarios.
Y como no hay dos sin tres, la alcaldesa añadió otro punto, en el que insta al Gobierno a que transfiera las competencias de Costas a la Generalitat. Los socialistas de la ciudad de Valencia aceptan así pedir una moratoria al Gobierno en sintonía con el llamamiento que ya hiciera el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, y emplazando al delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, a sentarse y negociar con los hosteleros cuando sólo faltan dos días para que expiren los permisos en Pinedo y El Saler.
Antes de abrirse el debate una representante de los hosteleros de Pinedo se dirigió desde el palco de invitados al pleno para reclamar esa moratoria y criticar que el Gobierno que les ha amparado durante una década los trate ahora de "ilegales". Acabado el pleno, ya en los pasillos, la alcaldesa insistió en una idea que ya avanzó en el hemiciclo: si no hay moratoria el acuerdo es papel mojado.
A la vez que se producía el pleno municipal, Peralta insistía en la Delegación del Gobierno, que está dispuesto a ser flexible a la hora de interpretar la ley de Costas pero volvió a rechazar las "excepciones generalizadas" a la ley que piden los hosteleros sin otra alternativa.
El pleno aprobó los presupuestos para 2010. El edil Juan Ferrer, que ayer se estrenó como viceportavoz del Grupo Socialista, tildó las cuentas de insuficientes y ficticias y acusó al equipo de gobierno de desplazar un 20% del gasto el año próximo "a futuro". El concejal delegado de Hacienda, Silvestre Senent, negó la mayor e insistió en que el equipo de gobierno ha presentado unas cuentas ajustadas y, de paso, culpó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de rebajarle las transferencias. Las cuentas municipales se aprobaron con el voto contrario del Grupo Socialista. Los populares tumbaron antes todas las reclamaciones de la oposición.
La bronca afloró con fuerza poco después cuando Ferrer pidió al PP que instase a la Generalitat a crear el Fondo de Cooperación Local comprometido por el PP desde 1999. El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, contraatacó: "Yo secundaré su moción si usted incluye que Zapatero mintió cuando prometió la financiación local para esta legislatura". La disputa acabó salpicando a la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, a la que Grau acusó de mentir en el Congreso de los Diputados a cuenta de su previsión sobre la recaudación del IVA en 2009, lo que ha perjudicado a los ayuntamientos. Barberá suscribió las palabras de Grau y la moción socialista fue desestimada.
El pleno aprobó la tarifa de agua potable, que quedó congelada, y el plan de inversiones para el ejercicio 2010. El concejal socialista Rafael Rubio pidió que la tarifa se rebajase en un 1%, ya que ésta fue la disminución del IPC entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, pero no prosperó.
La sesión comenzó con la toma de posesión de Francisco Carsí como nuevo concejal socialista, después de la renuncia de José Luis Ábalos. El pleno apoyó la candidatura de la Fundación Vicente Ferrer al Premio Nobel de la Paz.
La publicación de bienes, en el aire
La declaración de bienes de los concejales del Ayuntamiento de Valencia no se hará pública, al menos de momento. La portavoz Carmen Alborch planteó al equipo de gobierno que amplíe el código que aplican desde 2005 y mejore la transparencia de la corporación adhiriéndose al código contra la corrupción que aprobó a mediados de diciembre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Entre otras medidas, este código propone no sólo que se publique la declaración de bienes de los concejales -una medida que propone el propio presidente del PP, Mariano Rajoy- sino que se mejoren los mecanismos de contratación pública, se conozcan los criterios de concesión de las subvenciones y otras similares.
"No veo la premura de presentarlo aquí", respondió el primer teniente de alcalde, quien aseguró que aporta "poca cosa" al que ya está en vigor en el consistorio. Y dicho esto, precisó que el PP supeditó en el seno de la FEMP su respaldo a que los grandes partidos, que están negociando, pacten un decálogo contra la corrupción. Y con esa misma condición, el PP apoyó la moción socialista, que queda pendiente del pacto estatal.
Durante el debate, Barberá reprochó a Alborch en tono agrio que pretenda dar lecciones de ética a un Ayuntamiento que ya tiene su código -donde no figura la publicación de la declaración de bienes de los cargos electos- y le invitó a enviar ese código al Gobierno español para que no "mienta", apostilló de nuevo en referencia a la vicepresidenta Salgado y a su equivocada previsión sobre la recaudación del IVA en 2009.
"No vengo aquí a dar lecciones a nadie. Vengo a proponer medidas que creo que no perjudican y que harán este consistorio más transparente", dijo Alborch. La portavoz socialista empleó el turno de ruegos y preguntas para anunciar a Barberá que si el pacto entre partidos no prospera, volverá a traer al pleno la moción. Este es el primer Ayuntamiento español que adopta condicionada la resolución de la FEMP.
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