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Un tribunal anula un PAI de Vall d'Alba con una parcela del alcalde

El Ayuntamiento se saltó los pazos para evitar la nueva ley urbanística

María Fabra

La intención de someter el programa a la antigua LRAU en lugar de tramitarlo con la actual Ley Urbanística Valenciana (LUV), algo más estricta, fue el motivo por el que el Ayuntamiento de Vall d'Alba aprobó, sin cumplir los preceptivos plazos, un PAI que ahora ha sido anulado por los tribunales. "Resulta evidente que el acuerdo plenario es contrario a derecho", señala el fallo del juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de Castellón, que es recurrible.

El programa anulado es el denominado Nuevo Sector Residencial. Ampliación del Instituto de Secundaria de Vall d'Alba. La decisión del tribunal no sólo implica que el Ayuntamiento habrá de realizar, de nuevo, todos los trámites para su aprobación, sino que la ampliación del instituto se paralizará hasta que el programa se legalice, pese a que el suelo ya había sido cedido a la Generalitat para el desarrollo de ese centro. Además, tal como expuso ayer Fernando Grande, portavoz del PSPV en Vall d'Alba, las arcas públicas habrán de costear, por segunda vez, el proyecto, coste al que habrá que sumar las indemnizaciones que reclamen los vecinos afectados por la expropiación que se llevó a cabo y entre los que se encuentran quienes recurrieron la decisión municipal. Además, Grande recordó que entre las parcelas que surgieron de este PAI, que recalificó suelo, se encuentra una de la que es titular el propio alcalde del municipio y vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Según el registro, Martínez comparte este suelo con un socio, Raúl Babiloni que, tal como añadió el edil socialista, fue quien también adquirió otra parcela que era de titularidad municipal y que salió a subasta pública.

El plan, que fue adjudicado a Lubasa, está urbanizado

El Ayuntamiento sometió a exposición pública el PAI en diciembre de 2005, dos meses antes de que entrara en vigor la LUV. Durante el mes de enero se recogieron alegaciones, se presentaron proposiciones jurídico-económicas y se presentaron las ofertas pero el Ayuntamiento no cumplió el último plazo que exigía que, a partir del 24 de enero, fecha en la que se abrieron las plicas, se abriera otro período de exposición pública de diez días. De haberlo cumplido, la propuesta no podría haberse aprobado antes del 2 de febrero, cuando ya había entrado en vigor la LUV. El Ayuntamiento aprobó el proyecto justo el día antes de que entrara en vigor la nueva ley. El fallo del tribunal refleja que la normativa señalaba que los procedimientos urbanísticos iniciados podrían acogerse a la LRAU siempre que hubiera concluido el trámite de información pública, cosa que no ocurrió. "El programa debió tramitarse nuevamente conforme a lo que establece la LUV", indica la sentencia.

El PAI se encuentra actualmente totalmente urbanizado después de que, en mayo de 2006 la junta de gobierno adjudicara a Lubasa los trabajos por un importe de cerca de 400.000 euros.

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