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Los urbanistas piden un armisticio a las partes en conflicto en El Cabanyal

La alcaldesa exige la retirada de todos los bloqueos a su plan de prolongación

Cristina Vázquez

Se han dicho muchas cosas sobre el conflicto abierto en torno a El Cabanyal, pero el final del mismo sigue sin escribirse. Ayer, arquitectos-urbanistas, vecinos y comerciantes pidieron un "armisticio" a las partes en conflicto -la Generalitat y el Ayuntamiento por un lado y al Gobierno español por otro-, pero previo abandono de la piqueta, el bulldozer y de soluciones trasnochadas como el plan oficial de prolongación de Blasco Ibáñez. Lo dijo Pasqual Vernich, presidente de la Agrupación de Arquitectos-Urbanistas, en la mesa redonda con que ayer se cerraron las jornadas de debate auspiciadas por el Ministerio de Cultura.

Vernich pidió a los gobernantes de la ciudad que se dejen de urbanismo espectáculo y dirijan su mirada hacia el paisaje propio de la ciudad y su paisanaje. El arquitecto recordó cómo Valencia ha estado demasiadas veces al borde de la insensatez urbanística. Con la prolongación de la avenida del Barón de Cárcer a través del Carmen, con el antiguo cauce del Turia, donde se pretendían construir autopistas o la cimentación de El Saler. "La prolongación nos parece socialmente inaceptable y patrimonialmente recusable".

La verdadera amenaza es que es muy apetitoso para el sector inmobiliario

El arquitecto Julián Esteban Chapapría, del Servicio de Arquitectura de la Generalitat, se refirió a este plan como un error y denunció la dejación de funciones en que ha incurrido la Generalitat. "La politización de estos casos alcanzan niveles de crispación tan grandes porque afectan al corazón, la memoria y la identidad. No se puede hacer partidismo con ellos", advirtió.

El urbanista Eduardo Mangada, consejero de Ordenación Territorial de Madrid con el socialista Joaquín Leguina de presidente, insistió en que la gran amenaza para este barrio es que se ha convertido en un bocado apetitoso para el sector inmobiliario: "Hay verdaderos lobos intentando comérselo". Mangada, que reivindicó una rehabilitación del barrio "sin expulsar a sus vecinos", reconoció que regeneraciones como estas necesitan del apoyo de las Administraciones Públicas. "No sé cual es la solución, pero he visto el plan vigente y ésa desde luego no lo es".

José María Lozano, estrechamente vinculado a la Generalitat y el Ayuntamiento, fue el único que reivindicó la legitimidad del Consistorio para hacer el plan si bien se mostró partidario de tender puentes e incluso revisar el plan vigente. Vicente Gallart, de la Asociación de Vecinos, y Emiliano García, dirigente empresarial vecino de El Cabanyal, reclamaron voluntad política para rehabilitarlo.

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La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dejó horas antes clara su postura. El único plan legal que existe es el que está en vigor. "Si se retirase todo", dijo en alusión a la orden del Ministerio de Cultura de pararlo por expolio, los recursos, etcétera, "podríamos ver". Pero luego matizó que lleva cinco elecciones ganadas con la prolongación en su programa electoral y luego se mostró satisfecha por que un juzgado ha rechazado un recurso presentado en 2009 por el PSPV donde pedían que se paralizase el plan en la zona BIC.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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