Una urbanización de Orihuela contrata a vigilantes privados pese a ser ilegal

La urbanización Dehesa de Campoamor (5.500 casas), en la costa de Orihuela, contrata vigilancia privada pese a que el Gobierno declaró ilegal la medida en 2005 por ser un espacio público. Un grupo de propietarios rechaza el pago de las cuotas por un servicio asumido por el Ayuntamiento en 1998. El alcalde en funciones, Antonio Rodríguez, del PP, admite que la entidad urbanística no "tiene razón de ser porque prestamos todos los servicios". El presidente de la entidad justifica la iniciativa en el "deficiente" servicio de la Policía Local y la "elevada" inseguridad en la zona.

La Urbanización Dehesa de Campoamor es el núcleo poblacional más destacado de la costa oriolana, con 20.000 residentes en verano. La entidad urbanística que gestionaba el complejo quedó vacía de contenido en 1998, cuando el Ayuntamiento de Orihuela recepcionó la obra. Desde ese fecha, según consta en un certificado emitido por el secretario, el Consistorio presta todos los servicios, incluida la "seguridad ciudadana mediante miembros de la Policía Local".

La entidad urbanística, amparada en un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que estimaba parcialmente su recurso contra el acuerdo de disolución decretado por el pleno en 2002, mantiene su actividad. Entre otras iniciativas acordó contratar un servicio de seguridad privada con la firma Securitas. El Gobierno, mediante una resolución del 25 de mayo de 2005, declaró ilegal el servicio "por el carácter público de los espacios en los que se presta".

Pese al veto del Ministerio del Interior, la entidad ha vuelto a contratar la misma empresa en este caso para desempeñar misiones de "de custodia de llaves". La Dirección General de la Policía también cree ilegal ese servicio y el pasado 7 de julio cerró un expediente con una propuesta de 6.300 euros de multa a la empresa.

Por la partida de vigilancia privada, la entidad pasó a cobro a los propietarios un total de 483.000 euros en 2006. Esta misma cifra se incluye en la propuesta de presupuesto para el nuevo ejercicio, según consta en la convocatoria para la asamblea de propietarios prevista para el próximo sábado.

El presidente de la entidad, José Rafael Ayuso, justifica la medida "en el deficiente servicio de la Policía Local y la elevada inseguridad de la zona", matiza. Ayuso señala que los vigilantes se limitan a colaborar con la policía y "están siempre en sitios fijos". Y minimiza al colectivo de copropietarios que rechazan la vigilancia privada en la urbanización: "Son una minoría", dice.

La puesta en marcha del servicio de vigilancia privada en la Dehesa de Campoamor acarreó la oposición de un grupo de copropietarios de la urbanización (el 40% del total), que denunció la medida a la Administración. "Estamos pagando la seguridad en una zona pública por partida doble, de un lado con los impuestos al Ayuntamientos y por otro con las cuotas que nos impone la entidad urbanística que muchos abonan por miedo a ser condenados por morosos", señala el portavoz del colectivo. "No es cierto que los vigilantes estén en puntos fijos. Actúan en cualquier lugar de la urbanización y como policías", añade.

El alcalde en funciones de Orihuela ratificó ayer que "oficialmente para el Ayuntamiento la entidad urbanística no existe, y por tanto no puede cobrar por servicios que prestamos nosotros". "La supuesta falta de policías o la inseguridad no es excusa para mantener un servicio privado, que además ya ha prohibido el Gobierno". Rodríguez señaló que antes de finalizar el año se celebrará un pleno para acordar la disolución definitiva de la entidad urbanística colaborada.