Los vecinos logran una tercera sentencia contra el desmadre del ruido nocturno en Valencia

A golpe de sentencia. La lucha del movimiento vecinal de Valencia contra el exceso de ruido nocturno ha vuelto a encontrar el amparo de los jueces ante la pasividad o el silencio del Ayuntamiento gobernado por Rita Barberá, del PP. El Tribunal Supremo, en una sentencia conocida ayer, obliga al Consistorio a incoar el expediente para declarar Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el barrio de Juan Llorens, cuyos residentes han denunciado durante una década el descontrol de decibelios procedentes de una cincuentena de locales de ocio y del gentío que se acumula por las noches en sus calles.

El Tribunal Supremo obliga a Barberá a incoar en Juan Llorens el expediente de Zona Acústicamente Saturada (ZAS)

Los hosteleros piden inversiones para frenar "la cascada de sentencias" y el Ayuntamiento limitará los horarios

Afectados de El Carme también han tenido que recurrir a la justicia para exigir una ZAS en el barrio

El fallo dice que la respuesta municipal "ha sido claramente insuficiente"

De nuevo un fallo judicial para declarar una ZAS al final de un rosario interminable de denuncias contra la contaminación acústica. En mayo del año pasado, fue el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el que dio tres meses al Consistorio para aprobar las medidas de reducción de ruidos en el entorno de Blasco Ibáñez y Menéndez Pelayo, cuyo expediente de ZAS se quedó atascado en 1998. El Ayuntamiento, dijo el tribunal, hizo "dejación" de sus competencias al no culminar el procedimiento y no aplicar "sus propias normas vigentes en defensa de los intereses ciudadanos". Se referían los magistrados a la ordenanza municipal, que prevé las ZAS cuando en un conjunto de calles se exceden los límites permitidos de manera continuada varios días a la semana. La medida implica básicamente la limitación horaria a los locales y restricciones a la concesión de nuevas licencias. El borrador de la nueva ordenanza mantiene la posibilidad de declarar estas zonas, a lo que el Ayuntamiento, sin embargo, se ha resistido hasta que lo han exigido los jueces. El gobierno local del PP sólo ha aprobado la ZAS de la plaza de Xúquer, en 1997.

Fue precisamente la queja de una vecina de esa plaza la que desembocó en una sentencia que abrió el camino a un cambio de percepción de la justicia en torno a la incidencia de la contaminación sonora: en 2004 el Tribunal de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo amparó a Pilar Moreno, que había pedido al Ayuntamiento que pagara los cristales nuevos con los que intentó aislarse del ajetreo callejero. La sentencia dejó claro que el ruido nocturno perturba el derecho a la vida privada y a la inviolabilidad del domicilio.

La decisión de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso del Supremo es la tercera sentencia de peso que incide sobre la falta de una actuación municipal decidida contra el ruido, aunque son muchos más los fallos relacionados con molestias por ruido. "No creo que haya en España otra ciudad con tanto problemas y sentencias de ruido como Valencia", comentó ayer el abogado Joaquín Morey, que ha llevado el caso de los vecinos de Juan Llorens. El letrado destacó que los magistrados reconocen "que se han vulnerado derechos fundamentales de los vecinos", que acudieron a la justicia en respuesta al silencio municipal a su reclamación en agosto de 2000 para que se declarara la ZAS en sus calles. El TSJ desestimó en 2002 su recurso, por lo que el asunto se elevó al Supremo, que anula aquella decisión. Según el Supremo, "la respuesta del Ayuntamiento ha sido claramente insuficiente" y denegó "sin justificación alguna", mediante el silencio, la petición de los afectados. Añade el Supremo que la protección de sus derechos no exige que el Consistorio adopte las medidas que ellos exijan, pero si piden un procedimiento "específicamente previsto en la normativa municipal" como la ZAS, y además lo hacen con datos y mediciones de contaminación acústica, el silencio municipal sin explicación alguna "debe considerarse vulneradora" de los derechos fundamentales. Por ello, los magistrados afirman que el equipo de Barberá debe proceder a incoar el expediente de ZAS.

Es posible que no sea el último, porque los vecinos de El Carme también han iniciado actuaciones judiciales para lograr una ZAS. También ellos, como en el caso de Juan Llorens, tienen mediciones con las que avalar que su zona supera los límites acústicos previstos en la ordenanza municipal. Tras muchas reuniones con el Ayuntamiento y los hosteleros y el anuncio de una moratoria de licencias que no se cumple, Amics de El Carmen considera que sólo queda la "autodefensa" en los tribunales.

El PP reaccionó ayer con prontitud a este nuevo varapalo judicial, que es firme. El concejal de Actividades, Vicente Igual, anunció que el Ayuntamiento iniciará la tramitación de la nueva ZAS con la idea de que pueda aprobarse antes del verano. Sin embargo, la interpretación del concejal sobre el fallo fue sorprendente. Consideró que éste ampara al Ayuntamiento para iniciar un expediente de ZAS pedido hace años sin éxito por los vecinos porque evitará recursos posteriores -algo que no se puede descartar-. "En estos casos que superan las competencias municipales, el Ayuntamiento actúa como parte y se pone a disposición de los jueces", dijo Igual, cuando las ZAS están en la ordenanza municipal del ruido.

El concejal afirmó también que "hay que afrontar un amplio debate" sobre los derechos al descanso y al ocio, "que tienen que convivir". Ese debate ha sido el objeto de numerosas reuniones con vecinos y hosteleros que no han conducido a una ordenación del ocio que piden los propios empresarios. La Federación Empresarial de Hosteleros de Valencia señaló que la condena al Ayuntamiento "pone de manifiesto la continuada pasividad municipal en el proceso de ordenación del ocio y de lucha contra el ruido". Los hosteleros, que recientemente se levantaron de la mesa negociadora con el Ayuntamiento, destacaron que el fallo exige que se incoe el expediente de la ZAS "sin prejuzgar" su resultado, ni siquiera si se apruebe, aunque así lo anunció el concejal. Para los hosteleros, no obstante, es "una nueva oportunidad de ordenación del ocio" y para parar "la cascada de sentencias" es "necesario compromiso de inversiones" públicas para combatir el ruido.