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15.000 opositores se disputan 2.008 plazas en Educación

Piden la suspensión de los exámenes al Tribunal Superior

La última persona que el año pasado se convirtió en funcionario de Educación sacó un 7,65 en la oposición. Ánxela Mariña se quedó a las puertas de la soñada estabilidad laboral en la escuela pública. Su 7,64 la obliga a "estudiar como una loca otra vez".

El viernes comienzan las oposiciones. 14.848 personas se disputan 2.008 plazas en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, escuelas de idiomas y centros de música y artes escénicas.

Ánxela Mariña se quedó a una décima de la estabilidad laboral

Como en la convocatoria del año pasado, los aspirantes no interinos han denunciado que la regulación de los exámenes favorece a los profesores que ya tienen un contrato temporal en la Admistración, un 9% de los docentes que ejercen en el sistema público. Esta vez, la Asociación Galega de Opositores e Opositoras do Ensino (Agoe) presentó un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pidiendo la suspensión cautelar de la convocatoria por considerarla ilegal. "Las bases no se ajustan ni a la Ley Orgánica de Educación ni a la normativa de Función Pública que la aplica", explica un portavoz del colectivo. Su mayor crítica se centra en la programación de la unidad didáctica, una de las pruebas de la oposición. Los aspirantes que hayan trabajado más de seis meses y medio en la Administración tienen la opción de que una comisión de la Xunta valore el programa que han empleado durante su experiencia en vez de exponerlo ante el tribunal, como tienen que hacer el resto de candidatos.

Agoe asegura que los examinadores sólo reciben la valoración del informe que emite la Administración sobre el programa y que "ni siquiera lo leen". Comisiones Obreras dice, sin embargo, que el tribunal "no califica, pero sí valora el trabajo". Francisco Javier Costa no se lo cree. "Los interinos tienen esos tres puntos asegurados porque traen el trabajo hecho de casa", critica. Él se presentará a los exámenes por segunda vez, pero no piensa estudiar. Ya ha echado cuentas: "Aunque saque un 10 en la prueba de la fase de oposición, no entraré".

La meta de la Consellería de Educación, que dirige Laura Sánchez Piñón, es reducir a menos del 5% el porcentaje de docentes interinos y sustitutos, como establece el acuerdo firmado con los sindicatos en 2006. Por eso, este colectivo obtiene un punto por año trabajado en la escuela pública con un límite de siete. CC OO reconoce que las bases de la convocatoria benefician a los interinos, pero no pone en duda su legalidad. "Los méritos deben puntuar porque estos docentes ya han prestado sus servicios a la Administración", afirma el secretario de Enseñanza Pública del sindicato, Xosé Fuentes. El sistema de oposición se mantendrá las tres próximas convocatorias.

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Agoe denuncia también que las listas de interinidad no se rehacen después de los exámenes. Así, personas que suspendieron quedan situadas por delante de otras que sí aprobaron.

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