7.000 grandes dependientes gallegos no podrán cobrar este año

Esclavo de su campaña electoral. Todavía como candidato, Alberto Núñez Feijóo, invitó en un acto celebrado en el puerto de Vilagarcía a aquellos dependientes que no cobrasen la ayuda a denunciar a la Xunta. "A la sociedad sólo le queda una posibilidad: acudir a los juzgados y demandar al Gobierno pidiendo exclusivamente que se cumpla la ley", aconsejó, en un acto sectorial rodeado de mayores. Con el escaño del presidente vacío, ayer el Parlamento volvió a debatir sobre dependencia. Y el portavoz del BNG no tardó en rescatar aquellas palabras de Feijóo. "¿Es eso lo que hay que hacer ahora?", preguntó Carlos Aymerich mirando a la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato.

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La diputada socialista Laura Seara enumeró en su turno una retahila de "promesas incumplidas" sobre dependencia que Feijóo había comprometido para sus primeros 120 días de Gobierno. Según las cuentas del PP en campaña, en este tiempo debían estar valoradas todas las solicitudes, los grandes dependientes tendrían que haber cobrado el 50% de las ayudas y acortarse a la mitad el tiempo de tramitación de solicitudes. Nada de eso ha pasado en estos cuatro meses, y la oposición se encargó de recordárselo a la responsable de Benestar.

Beatriz Mato optó por desviar todas las responsabilidades hacia el Gobierno de Zapatero ya en su exposición inicial. Culpó al Ejecutivo socialista de "invertir cinco veces menos de lo que se precisaría para atender a los dependientes" y reclamó 440 millones de euros para Galicia sólo en este capítulo de los presupuestos de 2010, frente a los 110 aportados este año. La responsable de Benestar acusó a Zapatero de utilizar la fórmula "invito yo que pagas tú" e ilustró sus quejas con un dato: "Cada plaza de gran dependiente en una residencia le cuesta a la Xunta 2.600 euros mensuales, de los que el Gobierno central aporta sólo 263". Por eso, instó a la ministra Trinidad Jiménez a convocar el consejo territorial que "piden todas las comunidades autónomas".

Pese a su catastrofista intervención en la que cargó también duramente contra el bipartito apoyándose en todo momento sobre las quejas que recibe por este asunto el Valedor do Pobo -que había rendido cuentas a la Cámara minutos antes-, Mato se comprometió a atender antes de final de año a 20.000 grandes dependientes y superar así su compromiso inicial de ofrecer prestaciones a 16.500. Sucede que el PP siempre ha dado como buena esta última cifra contenida en el Libro Blanco sobre Dependencia de 2005 y que con el tiempo y el incremento de reclamaciones se ha multiplicado.

Según los datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, a 1 de septiembre había en Galicia 27.699 grandes dependientes dictaminados como tales entre los 70.080 solicitantes de ayudas. Faltan por valorar 13.419 personas y de los 46.400 beneficiarios con derecho a algún tipo de prestación, 16.870 siguen esperando. Esos números previsiblemente seguirán creciendo mes a mes. El compromiso que Benestar estableció ayer en la Cámara se limita a sufragar las ayudas a 20.000 grandes dependientes en 2009, lo que dejaría a más de 7.000 sin ayuda.

La titular de la consellería abogó por modificar la normativa para agilizar el papeleo y permiotir "que las peticiones se resuelvan en seis meses y no tarden un año". Mato avanzó que en el futuro los familiares de los dependientes que fallezcan después de solicitar la ayuda, tendrán derecho a subvenciones, si bien el anteproyecto que prepara su departamento no detalla la fórmula que utilizará.

El portavoz del Bloque, Carlos Aymerich, criticó ese texto que "restará 1.500 euros a cada dependiente". El parlamentario nacionalista explicó que en el borrador de la norma que prepara la Xunta la subvención tendrá efectos retroactivos sólo desde que recibe el visto bueno de la Administración y no desde que se empieza a tramitar, como sucede ahora, con lo que cada beneficiario perderá de media de tres meses de salario.

En el epílogo de su intervención, después de calificar de "chiringuito, desastre y engaño" la política social del bipartito, la conselleira de Benestar pidió un pacto a los grupos de la oposición para sacar del debate partidista los servicios sociales. Lo hizo en su último turno sin tiempo para una respuesta de la oposición.

Los tres grupos políticos sí pactaron las recomendaciones del Consello de Contas para incrementar el control en las subvenciones y contrataciones en la Administración. PP, PSdeG y Bloque aprobaron además una propuesta para poner orden, mediante una ley, en la Administración paralela del Gobierno gallego.