Alcaldes del BNG boicotean la privatización de servicios sociales sin ceder las residencias
Los regidores alegan que el convenio con el Consorcio estipula la "gestión pública"
Los alcaldes nacionalistas se plantan. No cederán los edificios para albergar las residencias y centros de día de la Xunta a menos que el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que depende de la Consellería de Traballo garantice la gestión pública de los centros de día, tal y como habían acordado mediante convenios la pasada legislatura. Los regidores del BNG se aferran a lo que firmaron con el anterior Gobierno el año pasado y recuerdan que la cesión de los inmuebles de titularidad municipal están sujetos a unas condiciones pactadas en convenios que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo "ha roto de manera unilateral".
Lo explica Teresa Barge, alcaldesa de A Bola, que ha cedido los terrenos, aportado un 10% del presupuesto de 1,5 millones para construir la residencia de su municipio y adjudicado la obra en virtud de un pacto por escrito con el Consorcio. "Nosotros proporcionamos el emplazamiento, la finca era nuestra, nos la cedió gratuitamente una familia y la aportamos siguiendo un convenio que está firmado. Si el Consorcio incumple su parte, ya no me considero obligada. Que asuman lo pactado o nos propongan un nuevo convenio mejor que éste que han firmado el 80% de los municipios".
"Que mejoren el convenio que firmamos", pide la alcaldesa de A Bola
Los socialistas amenazan con un contencioso contra la privatización
Barge junto a otros tres alcaldes nacionalistas (Tomiño, O Porriño y San Sadurniño) y a los concejales de Culleredo y Vigo que se ocupan de servicios sociales siguen a la espera de que se abran los centros proyectados por el bipartito mientras se agarran a la cláusula que establece que la prestación del servicio en las residencias debe "garantizar el acceso de todos los gallegos a unos servicios sociales públicos de calidad". Los regidores nacionalistas censuran que se intenten crear "residencias de primera y de segunda", y advierten de que tampoco asumirán el 30% de los gastos de mantenimiento, tal y como habían pactado, si no se frena la externalización del servicio.
La suya no es una postura aislada dentro del frente nacionalista, explica Manuel Antelo, secretario de acción municipal del BNG, quien asegura que todos los alcaldes mantienen la misma posición, "en contra de privatizar los servicios sociales" para evitar que "los recursos públicos acaben en manos de empresas". Antelo se pregunta además de dónde va a salir el beneficio de la concesionaria y el 25% de ahorro que pronostica el gerente del Consorcio, Roberto Rodríguez, para defender la externalización del servicio.
Los regidores socialistas, entretanto, prefieren esperar a que Traballo concrete por escrito su propuesta, puesto que de momento sólo han tenido "conversaciones informales" con el Consorcio. Son contrarios a la privatización de los servicios sociales y ya han pedido a la Xunta que les deje gestionar los centros de día, pero quieren conocer directamente la posición de la consellería. La portavoz del partido, Mar Barcón, recuerda además que el Gobierno central ha aportado fondos finalistas para edificar los centros de día y considera "muy discutible" que se pueda cambiar el modelo a posteriori. Hay incluso algún regidor en el seno del PSdeG que amenaza con presentar un contencioso administrativo si el Gobierno gallego persiste en sus planes.
La fórmula planteada por el Consorcio apuesta por un curso para externalizar concesiones de un año, prorrogables hasta cuatro, a empresas o entidades que gestionar las residencias y centros de día. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió este modelo en el Parlamento para evitar la "burocracia y el gasto corriente". Desde el BNG, su portavoz parlamentario, Carlos Aymerich, ha acusado a la Xunta de ofrecer a los alcaldes la posibilidad de "colocar trabajadores" en las adjudicatarias, porque "al ser empresas privadas, eso se puede hacer".
La Fegamp espera
Que a la Federación Galega de Municipios e Provincias no le ha gustado el cambio unilateral impuesto por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar no es ningún secreto. Pero de momento la agrupación que preside el socialista Carlos Fernández guarda silencio a la espera de una reunión con la conselleira de Traballo e Benestar Social, Beatriz Mato, prevista en principio para esta semana. Fuentes de la Fegamp aseguran a EL PAÍS que esperarán a conocer de primera mano el modelo y que tras reunirse con la Xunta, convocarán una reunión de su Ejecutiva para valorar la propuesta.
A la dirección de la Fegamp -que ya durante la legislatura pasada mantuvo enfrentamientos con la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de Anxo Quintana, por la forma de conducir su relación con los ayuntamientos- no le parece un buen comienzo la política de "globos sonda" iniciada por el departamento de Beatriz Mato. Todo apunta a que los dirigentes nacionalistas son los que con más firmeza se van a oponer a los nuevos planes de la Xunta. La división de los alcaldes ante el consorcio público tampoco es nueva: en un primer momento fueron muchos los que criticaron su constitución, si bien al final acabaron integrándolo el 80% de los ayuntamientos gallegos.
