La Audiencia Nacional confirma que el delegado de Ourense defraudó ayudas

El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, y los responsables de acreditar las obras en el grupo de acción local Ceivam (centro de iniciativas para el desarrollo do Val do Miño) tendrán que devolver al Estado más de 50.000 euros que defraudaron de los fondos comunitarios. La sala cuatro de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia firme que avala el expediente administrativo abierto en su día por Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dependiente de la Xunta) y tramitado después por el Ministerio de Agricultura sobre el cobro indebido de ayudas de la Unión Europea por parte de Martínez -alcalde de Arnoia por el PP cuando se produjeron los hechos- y sus socios. El fallo de la Audiencia ratifica la orden del ministerio que obliga a los responsables de Ceivam a devolver el dinero que ingresaron de las arcas públicas tras certificar "obras inexistentes".

El ex alcalde de Arnoia y sus socios deberán reintegrar más de 50.000 euros

Un juzgado investiga si los mismos hechos constituyen delito

La sentencia, con fecha del pasado 15 de abril y contra la que no cabe recurso, es consecuencia del contencioso administrativo al que Martínez y los demás responsables de la agrupación local decidieron acudir tras perder un primer recurso de reposición contra la orden del ministerio, fechada en 2007, que les obligaba a devolver al Estado más de 50.000 euros que ingresaron irregularmente.

Con esta resolución se zanja el proceso administrativo contra los integrantes de Ceivam por el fraude en las ayudas europeas, aunque éstos tienen pendiente un proceso judicial, consecuencia de una denuncia presentada por el BNG de Arnoia, para responder en la vía penal por los mismos hechos. Martínez y sus socios están denunciados por estafa, falsedad en documento público y malversación en la gestión de estos fondos otorgados por la Unión Europea.

Para la Audiencia Nacional ha quedado probado que la agrupación local que presidía el entonces alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense incurrió en "un incumplimiento sustancial del fin previsto en las subvenciones otorgadas", que en este caso era la construcción de una planta de tratamiento y aprovechamiento de biomasa y un taller artesanal.

El actual superdelegado de la Xunta certificó, en su condición de presidente de la asociación sin ánimo de lucro Ceivam, que se habían realizado las obras para las que había pedido subvención pese a que, según la sentencia, no fue así. El ponente de la Audiencia Nacional considera acreditadas las denuncias que figuran en el informe que Agader realizó tras inspeccionar las obras.

En lo que respecta a la planta de biomasa, la Audiencia Nacional da validez al informe en el que consta que pese a que Ceivam certificó inversiones por 39.065,79 euros, no había "síntomas de actividad permanente" en la planta de biomasa, que se "certificaron obras que no constan realizadas" y que la nave que se presentó como obra ejecutada con las ayudas comunitarias ya existía antes de solicitar la subvención.

La sentencia confirma también que en las instalaciones "no se encuentran máquinas propias del tratamiento de la biomasa". Además desmonta el argumento del robo de la maquinaria que los socios de Ceivam adujeron para justificar su falta, así como el testimonio de que emplearon el dinero de las ayudas en hacer obras en el interior de la nave. "No se ha aportado ninguna prueba" que acredite esas alegaciones, sostiene el magistrado.

Respecto al taller de orfebrería, la Audiencia detalla que las facturas con las que Ceivam intentó justificar la inversión de los fondos de la UE "no alcanzan a la totalidad de la partida de adquisición de la maquinaria certificada". Explica que en el interior del taller faltaba maquinaria por la que Ceivam recibió 12.897,98 euros. Por ello, la Audiencia desestima el recurso interpuesto por los responsables de Ceivam contra la orden del ministerio y les ordena a devolver al Estado el importe de las ayudas que cobraron irregularmente.