Balanzas fiscales
Las balanzas fiscales y la financiación autonómica tienen muy poco que ver entre sí. Las primeras recogen el efecto agregado de la redistribución interterritorial que realiza la Administración pública central, a través de multitud de instrumentos tributarios y de gasto. De ellos, el más importante cuantitativamente es el combinado de cotizaciones sociales y pensiones.
Puesto que pagar cotizaciones y cobrar pensiones no depende de donde uno vive dentro de España, es perfectamente posible que en una comunidad autónoma el importe global de las pensiones percibidas por sus ciudadanos supere a las cotizaciones sociales de sus trabajadores. O viceversa. Galicia es un ejemplo de lo primero. Madrid de lo segundo.
La utilidad de las balanzas fiscales sobre el debate de la financiación autonómica es nula
El uso de cotizaciones generadas en otros territorios de España para pagar a los pensionistas gallegos es responsable de una tercera parte del saldo fiscal favorable a Galicia. ¿Qué tiene que ver esto con la financiación autonómica? Nada.
Y así podríamos seguir enumerando y analizando otros instrumentos que generan flujos fiscales interregionales y que no están en absoluto relacionados con la financiación autonómica. Las inversiones territorializadas del Estado y las transferencias del Estado a las corporaciones locales son dos ejemplos. Ambos son gastos que benefician a todas las comunidades autónomas, pero que están financiados sobre todo por los territorios más ricos. No porque la normativa tributaria sea diferente en ellos o porque se les explote fiscalmente, sino porque sus ciudadanos y sus empresas son más ricas y, por ello, pagan más IVA, más Impuesto sobre Sociedades o IRPF.
Finalmente, aparece en el cómputo de la balanza fiscal un componente relativamente pequeño que sí tiene que ver con la financiación autonómica: el llamado fondo de suficiencia, que permite nivelar los servicios públicos autonómicos en el conjunto de España; para que los gallegos no deban conformarse con peores servicios sanitarios o educativos que catalanes o madrileños.
Aunque no dispongo de cuantificaciones precisas sobre la relevancia de este mecanismo en el saldo fiscal global de Galicia, no debe de andar lejos de suponer sólo una décima parte del montante total. Porque no hay que olvidar que una parte del fondo de suficiencia que percibe Galicia es financiado por los impuestos pagados por los gallegos al propio Estado.
En definitiva, utilizar el saldo de las balanzas fiscales autonómicas para justificar una mejora en la financiación autonómica, como defiende una parte de los políticos catalanes, tiene la misma consistencia intelectual que echar toda la culpa de la mala temporada futbolística del Zaragoza sobre uno de los jugadores de la plantilla. Y, además, uno no especialmente importante en el juego del equipo.
Por supuesto, la cosa no mejora intelectualmente si optamos por contraponer a las fiscales otras balanzas (energéticas, migratorias, comerciales...), por relevantes que puedan ser en otras discusiones. Ni tampoco, si pasamos a negar la existencia de saldos fiscales positivos y negativos, que se compensan mutuamente. Y, en este sentido, aprovecho para aclarar (una vez más) que a la hora de calcular el saldo favorable a Galicia, que se sitúa no lejos de los 5.000 millones de euros anuales, se tiene en cuenta el hecho de que existen empresas cuyos domicilios fiscales se encuentran en otros territorios.
A mi juicio, lo que se debe hacer es negar la mayor: la utilidad de las balanzas fiscales para el debate sobre la financiación autonómica es nula. ¿Y para que sirve entonces el cálculo de las balanzas fiscales? Primero, para poner de relieve los privilegios fiscales del País Vasco, Navarra y Canarias. Segundo, para que los partidos regionalistas y nacionalistas de los territorios más ricos argumenten que España les cuesta dinero y que las identidades duales de muchos de sus ciudadanos son muy caras.
