Balanzas fiscales: los ricos pagan más
El saldo o balanza fiscal de una comunidad autónoma es la diferencia entre los tributos generados en su territorio y los gastos imputables al mismo. Las disparidades en los saldos fiscales regionales dependen fundamentalmente de las divergencias en las capacidades económicas. Las comunidades más ricas son contribuyentes netas. Las menos desarrolladas se convierten en receptoras netas. Cataluña, Madrid y Baleares figuran en el primer grupo. Extremadura, Andalucía y Galicia se sitúan en el segundo. Además, la correlación entre el nivel de renta y el saldo fiscal es muy elevada, independientemente del estudio o la metodología utilizadas: a medida que una comunidad avanza posiciones en su renta per cápita, empeora su saldo fiscal. A esta regla se escapan el País Vasco, Navarra y Canarias, como consecuencia de las ventajas que les otorgan el concierto vasco, el convenio navarro y el régimen económico y fiscal canario.
El saldo fiscal de Galicia es muy significativo, equivale al 10% de su PIB, gracias a la redistribución
De lo anterior se infiere que no parecen existir grandes discriminaciones negativas en contra de ningún territorio, pero sí positivas de la mano de llamados "derechos históricos". Por eso, es llamativo que el debate se focalice en Cataluña, que no parece ser excepción, y se olvide de País Vasco, Navarra y Canarias. Para entender lo que ocurre deben combinarse dos explicaciones.
En primer lugar, nadie parece dispuesto a ponerle el cascabel al gato de los derechos históricos. Desde luego, no van a ser los que residen en los territorios correspondientes. Y, visto lo visto, tampoco lo hará nadie que aspire a gobernar en Madrid. En los tiempos que vivimos, en lo que aparentemente todo vale por un puñado de votos, aguardar que un partido político de ámbito estatal se refiera abiertamente a la cuestión es mucho aguardar.
En segundo lugar, lo que en realidad se plantea desde Cataluña es que estar en España tiene un coste fiscal sustancial. Coste que desaparecería si se avanzase en el autogobierno y se consiguiera un estatus financiero similar al del País Vasco o Navarra. De hecho, las posiciones catalanas en el debate sobre las balanzas fiscales van de la mano de la propuesta de financiación autonómica que salió del Parlament en el texto del nuevo Estatut.
El argumento tiene su lógica; la lógica de los ricos. Conocedores de que les va a tocar pagar más de lo que van a recibir, los ciudadanos más adinerados suelen ser reacios a expandir y mejorar servicios públicos costosos como la sanidad, la educación, o los servicios sociales. El balance les sale mucho mejor si cada cuál se queda con lo suyo y se financia sus propias necesidades.
Lo que llama la atención es que también los partidos catalanes situados en la izquierda ideológica parecen haber abrazado este planteamiento. Estoy de acuerdo en que la financiación autonómica de Cataluña debe mejorar para equipararse a la media. Y en que existen cuellos de botella que justifican un incremento en las inversiones estatales en materia de infraestructuras en territorio catalán. ¿Pero no era posible reclamar estas mejoras sin poner en cuestión el sistema y los principios políticos propios?
¿Qué decir desde Galicia? Pues que nuestro saldo fiscal es muy significativo. Equivalente a cerca del 10% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), según las estimaciones de analistas como Xaquín Álvarez Corbacho y Luis Caramés. Los gallegos somos beneficiarios netos de los flujos fiscales interregionales. Fundamentalmente, porque nuestra renta per cápita se sitúa en poco más del 80% de la media española.
Justo al contrario de lo que ocurre en Cataluña, el PSdeG lo tiene fácil. Sus principios y sus intereses están en el mismo sitio: en la defensa de la redistribución y de que sea España el espacio en el que ésta se despliegue. En el caso del PPdeG y del BNG quizá las cosas sean más complejas, al menos en el terreno de los principios. Agitar la bandera de la redistribución, para unos, y reivindicar España, para otros, puede ser más costoso.
