Batería de denuncias del PSdeG contra cargos populares

Fue de los que se revolvió cuando estaba en la Xunta contra la dura campaña que el PP inició desde la oposición. Recomendó en los órganos internos del partido una respuesta contundente a esos ataques del Partido Popular que nunca se produjo. Y ahora que ya tiene las riendas del PSdeG, Manuel Vázquez ha tomado el camino de los juzgados contra sus rivales políticos. Hasta cinco denuncias distintas han presentado los socialistas contra altos cargos del PP e instituciones gobernadas por los populares.

El propio Vázquez acudió al contencioso administrativo frente a las decisiones adoptadas por el alcalde de San Amaro, Ernesto Pérez (PP), en relación con las obras que el líder socialista hizo en su residencia familiar. El expediente abierto por la Axencia Galega da Legalidade Urbanística, organismo adscrito a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, de Agustín Hernández, motivó también una querella por la vía penal. Vázquez alega que el PP esta usando la institucion para perseguir a sus oponentes políticos. Ayer él mismo anunció que un juzgado de Santiago ha aceptado a trámite la denuncia y ya instruye las diligencias previas. Ahí se acaban, de momento, los litigios del líder de la oposición.

Su secretario de Organización, Pablo García, también ha buscado el amparo de los tribunales contra dirigentes del PP. Tras una entrevista en TVG al presidente de la Diputación de Pontevedra -que Rafael Louzán aprovechó para acusar falsamente a García de estar imputado en el caso de la agente electoral que instruye en juzgado de Corcubión- los abogados del dirigente socialista untimaron una denuncia por injurias y calumnias en Pontevedra.

Idéntico camino al que ha tomado el ex presidente de Sogama José Alvarez, al que Vázquez nombró cuando era conselleiro de Medio Ambiente, contra los números dos y tres del PP. Otro juzgado de Santiago estudia dos denuncias por injurias y calumnias contra el conselleiro de Presidencia y secretario general del PP, Alfonso Rueda, y el portavoz del partido, Antonio Rodríguez Miranda, por atribuirle el pago de un sobrecoste de 200.000 euros en la adquisición de unas oficinas para la sociedad pública.

El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, también tiene la suya, por certificar el final de una obra, como responsable de infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, que la empresa para la que él mismo había trabajado, Sercoysa, ni siquiera tenía empezada en aquel momento. No será la última. Vázquez asegura en público y en privado que "la impunidad del PP" acabó con la campaña.