CRTVG facilita las preguntas de los exámenes a los opositores

Si todo sale como pretende la dirección de la Compañía Radio Televisión de Galicia (y el PP, único partido que apoyó el actual formato de las pruebas) antes de que acabe el año estarán adjudicadas 193 plazas en 28 categorías profesionales dentro de la radio y la televisión autonómicas. Tras una polémica tramitación iniciada por el anterior Gobierno bipartito y que acumula tres años de retrasos, más de 2.200 profesionales (que pagaron entre 20 y 40 euros cada uno por inscribirse) concurren a la primera oposición que se celebra en 20 años en los medios públicos. Pese a la reclamación de un elevado número de trabajadores eventuales de CRTVG para que se optase por un concurso oposición, al igual que se hizo en Radio Televisión Española, y consolidar así al personal interino, tanto el Gobierno gallego como el PP y la dirección del ente han optado por convocar una oferta pública de empleo.

Preguntas obsoletas motivan decenas de impugnaciones sobre las pruebas

Un tribunal sin relación con el sector valorará las pruebas de locución

Magistrados y letrados evaluarán conocimientos del personal técnico

La oposición hace imposible la entrada de personal ajeno a los medios públicos

Pero tal y como están concebidas las bases, el acceso está vetado a los trabajadores de fuera de la compañía. Criterios como la experiencia (dichas oposiciones solo premian el trabajo realizado dentro de las paredes de TVG, la Radio Galega o alguna Administración pública) pesan de facto más que los conocimientos teóricos o prácticos que se someten a examen. Sobre todo porque la dirección del ente público ha decidido facilitar a cada opositor una batería de 360 preguntas de las que se extraerán las pruebas tipo test, de forma que bastará con que cada aspirante memorice las respuestas para obtener la puntuación máxima y que entonces los criterios determinantes sean el examen práctico, cuya valoración obedece a razones subjetivas, el examen de gallego oral (que es eliminatorio) pero sobre todo la experiencia profesional en los medios públicos.

Para elaborar las preguntas de los test en cada una de las 28 categorías, la dirección del ente público ha subcontratado, como ya tenía previsto hacer el bipartito (a través de un procedimiento negociado sin publicidad), al Instituto de Radio Televisión Española que ha cobrado más de 110.000 euros por realizar unos cuestionarios que, dado el retraso que acumula la oposición, en muchos casos se han quedado viejos y que han motivado centenares de impugnaciones por parte de los aspirantes.

Como ejemplo, en los apartados de cultura general donde se pregunta quién gobierna en cada institución, varios de los epígrafes deberán ser anulados porque cuando se celebre el examen algunos gobiernos habrán cambiado de manos (hay todo tipo de errores de bulto, algunos de ellos se reproducen en la viñeta que acompaña a esta información). Aunque la cúpula de CRTVG no aclara el número concreto de impugnaciones ni qué solución pretende adoptar para estos casos, fuentes de la compañía abogan por suprimir las preguntas obsoletas, con lo que los opositores tendrán que memorizar todavía menos respuestas. Eso en lo que atañe a la parte teórica. En las categorías de redactor (71 plazas) y locutor (12) el examen práctico, es decir, la prueba de locución, la valorará un tribunal compuesto por profesionales que tienen nula o muy escasa relación con el sector de los medios de comunicación. Si bien el presidente es José Luis Celeiro, jefe de gabinete de comunicación de la Universidad de Santiago, en el mismo figura como secretario un catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación, además de un magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la jefa de notificaciones de los juzgados de Santiago y la subdirectora de gestión del Complejo hospitalario de A Coruña.

Sobre estos cinco profesionales recaerá la responsabilidad de evaluar la locución de los aspirantes a conseguir plaza en los medios públicos y su puntuación será determinante para adjudicar los puestos fijos en la radio y televisión autonómicas. Antes los opositores deberán someterse a un examen de gallego eliminatorio que juzgarán dos lingüistas también, como los tribunales designados a dedo por el director general de la Compañía, elegido a su vez con los únicos votos del Partido Popular.

El segundo tribunal, que valorará los conocimientos prácticos del personal técnico, también fue impuesto por Sánchez Izquierdo. El jurado que examinará la capacidad técnica de operadores de cámara, montadores, o ayudantes de realización entre otros muchos también tiene una relación remota con el sector audiovisual. Figura como presidente un magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el subdirector de contratación de CRTVG, una abogada del Estado, una letrada del Parlamento de Galicia y un profesor de la Facultad de Ciencias Sociais e da Comunicación de la Universidad de Vigo.

Según el último cuadro de personal facilitado por la Compañía Radio Televisión de Galicia hace un año, la plantilla de las tres sociedades suma 920 trabajadores de los que solo 549 eran fijos. Las bases de la oferta pública de empleo establecen que no se puntuará ni la formación ni la experiencia en otros medios de comunicación distintos a los públicos o el trabajo en la Administración. De hecho, ni siquiera el trabajo en TVG a través de productoras y empresas de trabajo temporal cuenta para la oposición si no está refrendado por una sentencia judicial. Esto ha provocado una cascada de denuncias de trabajadores de los medios públicos en los tribunales que se están saldando con fallos favorables al personal de la compañía.

Cuando el proceso concluya más de 300 empleos en CRTVG se verán amenazados mientras el director general del ente, Alfonso Sánchez Izquierdo, repite que el gasto de personal es "absolutamente excesivo" y demanda "decisiones estructurales" para hacerles frente. Un discurso similar al del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien suele repetir que si una televisión nacional cuenta con 500 trabajadores la gallega no puede emplear a 1.000. Mientras otras comunidades gobernadas por el PP tienen entre sus planes la privatización de las autonómicas, la Xunta pretende blindar el carácter público de CRTVG por ley y ya ha pactado con el PSdeG el texto que llevará al Parlamento. La norma establecerá taxativamente que los servicios informativos de TVG no pueden externalizarse ni ser privatizados.