A Coruña acogerá en septiembre a presos en régimen abierto

La Torre de Hércules será lo primero y lo último que se vea al salir y al entrar del nuevo Centro de Inserción Social (CIS) de A Coruña. Situada en un lateral de la antigua cárcel provincial, esta nueva infraestructura penitenciaria acogerá a partir de septiembre a unos 150 presos que cumplen su condena en régimen abierto o ya en fase avanzada de reinserción. "Será la antesala del retorno a la sociedad" de los reclusos, dijo ayer en la inauguración oficial la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. Un centro que llevará el nombre de la condesa de Fenosa, Carmela Arias y Díaz de Rábago.

Serán 66 los funcionarios que atenderán estas modernas instalaciones equipadas con 300 camas para internos. El edificio, de arquitectura "sostenible" para facilitar su integración en el paseo marítimo coruñés enfrente del entorno en el que se erige el faro, está dotado de talleres ocupacionales, biblioteca, zona deportiva y aulas.

A Coruña tendrá a cambio la cesión de la vieja prisión, un edificio con valor patrimonial que el alcalde, el socialista Javier Losada, apuesta por reconvertir en un Parador Nacional, además de albergar un centro de interpretación de la Torre de Hércules. "Es una gran superficie a la que se le puede dar varios usos, hay tiempo para pensar con tranquilidad en su destino final", alegó el regidor ante la petición del barrio de Monte Alto de transformar la vieja cárcel en un centro cultural y social. Gallizo prometió celeridad en el traspaso de la antigua prisión, aunque evitó dar un plazo "por la complejidad de la tramitación legal" que requiere. El alcalde también dio las gracias a los vecinos de Monte Alto por acoger el nuevo centro penitenciario, cuyo proyecto tardó más de seis años en hacerse realidad dado que su ubicación inicial, en el barrio de Os Rosales, al otro lado de Riazor, había suscitado un fuerte rechazo social.

Además, funcionarios de prisiones protestaron por el aumento de las agresiones a los suyos, la falta de personal para atender el aumento de presos o el "despilfarro de dinero en programas no prioritarios". Gallizo consideró "razonable" la demanda de reforzar las plantillas, pero arguyó la dificultad de abordarla debido a la crisis. "La situación en las cárceles es de absoluta normalidad", agregó al minimizar "los incidentes" que puedan suceder.