Crespo: "El viento y el agua son el petróleo que tiene Galicia"

Alcalde de Lalín y presidente de los municipios gallegos los últimos cuatro años, Xosé Crespo, del Partido Popular, ha sido el político que ha personalizado durante los últimos meses la batalla legal contra el Ministerio de Economía y las grandes compañías eléctricas para que los parques eólicos recibiesen el mismo tratamiento fiscal que los embalses. Con ese objetivo, la Federación de Municipios encomendó la tarea a un bufete de abogados de Barcelona que ya había logrado en el Supremo la catalogación de los embalses como bienes inmuebles de características especiales.

Exultante, con la sentencia en la mano, asegura que el fallo del Supremo es "el triunfo de un grupo de alcaldes de todas las siglas políticas" que han luchado para que la potencialidad energética de Galicia revirtiese en los ayuntamientos. "El viento y el agua son nuestro petróleo y otros lo estaban esquilmando, como siempre los grandes perjudicados éramos los concellos", sentencia el regidor de Lalín, partidario de que la sentencia sirva para fomentar el reequilibrio territorial de Galicia.

"Los molinos suelen instalarse en los pueblos más pobres y el nuevo tipo impositivo será una magnífica fuente de recursos para ellos. Es justo porque eran los que sufrían el impacto visual de esas grandes palas, los ruidos de los molinos y algunas otras molestias", asegura. Según sus calculos, poblaciones como Rodeiro cobrarán en unos años más del impuesto de bienes inmuebles a los parques eólicos que por las aportaciones del Gobierno central. Crespo cita el caso de Chandresa de Queixa, un pueblo que "podrá duplicar en poco tiempo sus presupuestos" en virtud de esta sentencia.

Mil millones en 2010

El regidor lalinense sostiene que el incremento del IBI lo convertirá en un impuesto más justo y que no pondrá en peligro la rentabilidad de estas infraestructuras. Asegura que los ayuntamientos sólo "recibirán migajas del lucrativo negocio impulsado por las multinacionales eléctricas".

Crespo, quien reivindica el derecho de los municipios a cobrar a las empresas y no sólo a los ciudadanos, se felicita de haber ganado la batalla jurídica a gigantes de la economía y asegura que el fallo del Supremo beneficiará también al resto de ayuntamientos españoles que en el año 2010 "podrán percibir casi 1.000 millones de euros cada ejercicio por el IBI de los parques eólicos".

Sus previsiones rebosan optimismo, "más, teniendo en cuenta que la Xunta prevé autorizar en enero otros 2.500 megavatios para que los parques eóligos generen en 2012 más de 6.000 megavatios en Galicia".