Ence advierte que su traslado en 2018 no es "obligatorio e irremediable"

Descartado el objetivo de desalojar a Ence de Pontevedra en 2012, no está ni mucho menos claro que la planta de celulosa salga de su actual emplazamiento en Lourizán en 2018, el año en que caduca su concesión administrativa para ocupar terrenos de dominio público marítimo terrestre. Así, al menos, lo advierte la compañía en su alegación a las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), en la que reclama que se retire de ese documento "cualquier referencia" a su traslado dentro de ocho años.

2018 era hasta ahora un plazo que no había sido cuestionado por nadie. Aunque fuentes de Ence redujeron la importancia de la alegación a una simple "cuestión formal", para evitar que se prejuzgue el traslado de la fábrica, lo cierto es que su contenido esboza argumentos para discutir en el futuro el desalojo "obligatorio e irremediable" de los terrenos de Lourizán. Así, por ejemplo, la compañía papelera rechaza que se pueda considerar que su emplazamiento está "junto al mar". La empresa recuerda además su pertenencia "hasta hace escasos años" a la Administración del Estado, "es decir, a la propietaria de los terrenos de dominio público marítimo terrestre".

La indicación figura en las alegaciones a las Directrices Territoriales

La exposición al público, los pasados meses de julio y agosto, de las Directrices de Ordenación del Territorio provocó la presentación de 88 alegaciones, entre ellas la de Ence. La memoria del documento de la Xunta hace referencia a la salida de la factoría de la ría "prevista para 2018". Más adelante, las DOT abogan por "una reordenación de usos, trasladando a otros emplazamientos las instalaciones y actividades que no precisen localizarse junto al mar", para citar como la más importante "la gran planta de celulosa que limita la conexión de Pontevedra con el margen meridional de su ría". Las disposiciones normativas de las Directrices, además, recomiendan a los ayuntamientos que eviten la ubicación en el litoral de usos industriales "que no deban localizarse necesariamente junto al mar".

Todas estas observaciones son impugnadas por la compañía papelera. En primer lugar, discute que se considere que sus instalaciones se encuentran "junto al mar". "No puede desconocerse la importante transformación física que han sufrido los terrenos que ocupa Ence desde 1985, fecha en que se otorgó la concesión", sostiene. Transformación, añade, "por hechos ajenos" a la empresa, como la construcción de la autovía que separa la factoría del mar. La conclusión es que, "aun cuando sigan formalmente siendo terrenos de dominio público marítimo terrestre, materialmente no lo son".

Con estos argumentos, Ence sostiene que "sería posible la desafectación" de los terrenos que ocupa por la Administración titular, esto es, su transformación en dominio público ordinario o en bien patrimonial del Estado. Esa posibilidad se puede aplicar, añade, a terrenos deslindados que "por cualquier causa hayan perdido sus características de playa, acantilado o zona marítimo terrestre". De esta manera, añaden los servicios jurídicos de Ence, ya no se les aplicaría la Ley de Costas "y por tanto, tampoco las limitaciones en dicha ley previstas a partir del año 2018". En el caso de Lourizán, el suelo "ha perdido sus características naturales", por lo que considera "viable" la desafectación.

Otro de los argumentos de la empresa -que recuerda a la Xunta que carece de competencias respecto a la desafectación de unos terrenos que no son de su propiedad- consiste en el "amparo por la declaración de supramunicipalidad". Ence considera que esa declaración, aprobada por la Xunta en 2003, es "una apuesta decidida" por la industrialización y fomento del empleo, y supone su prevalencia respecto al planeamiento urbanístico de municipal.