Fanfarria silenciosa ante la corrupción
El mutismo impera en las localidades de la Costa da Morte afectadas por la trama de la Operación Orquesta, que deja a seis políticos imputados
"Si están ahí fuera todo el día es porque chupan del bote con los que están dentro", lanzaba el martes una vecina de Corcubión al pasar furtivamente ante las decenas de personas que se arremolinaban a las puertas del juzgado de esta pequeña localidad de la Costa da Morte. Una comarca sacudida por la Operación Orquesta contra la corrupción en la que están imputadas 11 personas, seis de ellas cargos públicos de Cee, Fisterra y Mazaricos. Predominan los ánimos encontrados ante el destape, a golpe de registros policiales y detenciones, de una presunta trama de sobornos entre políticos y empresarios que ha desatado los lamentos por la mala imagen. "Cuando no es el chapapote, son las prebendas, menuda propaganda", resumía un joven. Pero también se impuso la ley del silencio. Nadie, en aras de la presunción de inocencia, elevada estos días casi a mandamiento sagrado, se atreve a decir en alto el más mínimo reproche contra los ediles acusados de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
No hay familia de Fisterra sin vínculo con el PP local o con el Ayuntamiento
En la localidad dan por seguro que los populares ganarán las elecciones
El PSdeG, socio de dos imputados de Cee, mantiene de momento el pacto
"Aquí se pasa factura en las urnas", dice un vecino del pueblo
Dentro del juzgado, aquel martes, estaban, tras pasar la noche en los calabozos de la Policía, los alcaldes de Mazaricos y Fisterra, dos tenientes de alcalde de este municipio y otros empresarios de la construcción, padre e hijo. Fuera, además de la nube de periodistas y cámaras, acampaban vecinos de ambos pueblos deseosos de exhibir su entusiasta apoyo a sus mandatarios. En el caso de Fisterra, una localidad de 4.995 habitantes gobernada por el PP con mayoría absoluta, para vitorear a su regidor, José Manuel Traba, de 44 años y 11 en el cargo, y sus dos tenientes de alcalde, los tres imputados por cohecho, acudieron al juzgado: el jefe de la Policía local; su hija, secretaria de la alcaldía y de la ejecutiva local del partido; el juez de paz y ex edil del PP ante quien deberán ahora comparecer, cada 15 días, los tres ediles imputados; o el encargado del polideportivo municipal, también vocal del partido.
Más de seis de cada diez euros de los presupuestos municipales (3,6 millones en total) son para gastos de personal. No hay familia que no tenga alguien empleado en el Ayuntamiento o vínculo con un PP cuya ejecutiva local integra a un socio de la empresa de electricidad que más factura del municipio, al secretario de la cofradía de pescadores, y al presidente de la agrupación de mariscadoras y directivo del club de fútbol local.
No hay guardería pública, el centro de salud es un vetusto edificio de otra época y la crisis puso freno demasiado tarde a una presión urbanística desaforada (la edificación se disparó un 444%) que dejó hileras de grandes urbanizaciones vacías a pie del mar. Pero con o sin la fanfarria de la corrupción, todos dan por seguro que el PP arrasará en las elecciones locales de mayo. "Mientras gane el Barça o el Madrid, en Fisterra no hay problema", dice, sarcástico, un empresario.
Más compleja, socialmente, es la situación de Cee, cuyo alcalde, el independiente Ramón Vigo, y el responsable de Obras, Juan Bautista Areas, son los principales implicados en la operación Orquesta. La localidad de 7.500 habitantes es el centro neurálgico y comercial de la comarca, además de sede de su hospital. Está dividida ante lo ocurrido.
Los socialistas, socios de gobierno de los dos independientes imputados, mantienen, de momento, el pacto. Pero no con el mismo entusiasmo ni "la confianza ciega" que dijo tener la "vicealcaldesa", la socialista Amancia Trillo. El PP, que gobernó con apoyo de Vigo durante el bienio 2002-2003, está en la retaguardia y guarda silencio. "En Cee, la gente no perdona a los políticos deshonestos", comentan en el pueblo. Su anterior alcalde y aún portavoz local del PP, Antonio Domínguez, perdió las elecciones de 2007 tras difundirse los negocios inmobiliarios de su familia, creados tras llegar a la Alcaldía.
Vigo, que compagina su cargo de alcalde con una consulta privada de medicina, proclamó salir del juzgado, donde pagó 29.000 euros de fianza para evitar su ingreso en prisión, acusado de seis delitos, más reforzado que nunca para ganar las elecciones. Adhesiones recibió, y muchas, estos días. Pero muchos, en Cee, dudan que sean suficientes. "Aquí no es como en Fisterra, aquí se pasa factura en las urnas".
Fiestas patronales y obras públicas
Situada en el interior de la provincia coruñesa, "allá en la montaña", dicen los de A Costa da Morte, Mazaricos, un municipio del rural y muy agrario que, al igual que Fisterra, también por debajo de los 5.000 habitantes, se ha visto de repente involucrada de lleno por la trama de presunta corrupción que investiga el juez de Corcubión. Ni siquiera pertenece a este partido judicial, sino al de Muros.
Pero ahora son varios los vínculos que comparte, pese a la distancia geográfica, Mazaricos con Cee y Fisterra: la adjudicación de numerosas obras públicas al constructor de Muxía Daniel Ogando, imputado por cohecho junto a su hijo, el supuesto pago de sobornos y la financiación irregular de las fiestas.
El alcalde de esta localidad rural -también diputado provincial del PP como el de Fisterra-, la secretaria-interventora del Ayuntamiento y el aguacil, responsable de las fiestas anuales de A Fervenza, forman parte de los once imputados. "Y tiemblan los alcaldes pero también tiemblan comisiones de fiestas de toda Galicia", repiten en bares y plazas de las tres localidades afectadas. La recaudación de dinero para pagar verbenas y atracciones está en entredicho después de que el constructor de Muxía admitiese haber hecho pagos en metálico al alcalde de Cee o al aguacil de Mazaricos.
"Hay cosas de las fiestas gallegas que son difíciles de regularizar, como los chiringuitos. Y no se le puede exigir a los que voluntariamente colaboran en la organización la misma formalidad que a un Ayuntamiento", se quejaba esta semana el alcalde de Mazaricos, José Manuel Santos. Que un empresario haga "un donativo" para las fiestas, aunque sea importante, es normal. En A Fervenza, "no colaborara una sino 200 empresas", destacó Santos.
