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Feijóo asegura que Galicia está a salvo de nuevos recortes drásticos

El presidente de la Xunta descarta aplicar un ajuste como el de Cospedal - Los socialistas proponen reformar el Estatuto para blindar sanidad y educación

Según Alberto Núñez Feijóo, el trabajo ya está hecho, aunque se resiste a divulgarlo. El presidente de la Xunta se esforzó ayer en ofrecer una versión desdramatizada del recorte de 130 millones de euros al que le ha abocado la consignación en los Presupuestos de 243 millones procedentes del fondo de cooperación, pese a los avisos del Gobierno de que posponía el pago a 2013. El ajuste está "hecho y decidido", pero no será hasta "los próximos días" cuando se dé a conocer. Feijóo descartó medidas presupuestarias más drásticas, como la que acaba de anunciar el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Sin el habitual catálogo de reproches al Ejecutivo de Zapatero por lo que considera un incumplimiento del modelo de financiación autonómica, Feijóo, que presidió el primer Consello de la Xunta del curso político, se limitó a confirmar la inminente presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, también "en los próximos días". Aunque ayer no lo explicitó, el desfase entre los ingresos previstos y los gastos se ajustará parcialmente con una emisión de deuda por 114 millones de euros, en aplicación de la posibilidad ofrecida por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para que las autonomías puedan endeudarse por el importe que les debe el Gobierno central. El tijeretazo se reducirá por lo tanto a 130 millones de euros, aunque parte de esa cantidad, unos 25,5 millones, saldrán de mayores ingresos o de capítulos presupuestarios sin ejecutar.

La Xunta no aclara de momento cómo se distribuirá la reducción de gastos
Sanidade amplía el catálogo priorizado con 11 nuevos fármacos

El compromiso de la Xunta consistía en cerrar el 1 de septiembre los recortes, que suponen una reducción del Presupuesto autonómico del 1,33%. Pero llegada esa fecha, ayer Feijóo se limitó a señalar que las decisiones están tomadas, sin explicar los motivos por los que todavía no se han dado a conocer. De acuerdo con la información adelantada por el propio presidente de la Xunta antes de las vacaciones, el recorte máximo en las consellerías de Sanidad y Educación será del 0,5%. La de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, en cambio, se llevará la peor parte, pese a los llamamientos de su titular, Agustín Hernández, a considerar la inversión en infraestructuras un "gasto social productivo". El conselleiro adelantó esta misma semana que solo garantiza la finalización de las obras ya iniciadas.

Con este nuevo recorte, que eleva a 1.307 millones de euros la caída presupuestaria respecto a 2010, Feijóo da por zanjado el adelgazamiento de las cuentas públicas, 24 horas después de que la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, anunciara un tijeretazo del 20% del Presupuesto autonómico. Galicia no tendrá que adoptar una decisión similar porque lleva dos años y medio de política económica "responsable", se reivindicó Feijóo.

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El titular del Gobierno gallego se erigió en ejemplo de austeridad, al asegurar que si otras administraciones hubiesen actuado como Galicia, España no se enfrentaría ahora al "incumplimiento sistemático" de los criterios de déficit público, ni el país se estaría planteando "la necesidad de reformar la Constitución". La Xunta, afirmó, cumple con el déficit y gobierna con un Presupuesto "similar al de 2005 o 2006".

A menos de tres meses de las generales, y por lo tanto de un eventual cambio de color en el Gobierno central, Feijóo rebajó el tono de sus habituales críticas al Ejecutivo por no consignar el fondo de cooperación. El presidente de la Xunta ni siquiera aclaró si volverá a presupuestarlo en las cuentas de 2012, cuyo techo de gasto debe llevar al Consello de la Xunta este mismo septiembre.

Entre las medidas de ahorro de las que presumió el presidente gallego se encuentra la ampliación en otros 11 medicamentos del catálogo priorizado de la Xunta, que, según sus cálculos, supondrán una reducción del gasto de 334.000 euros al mes. La medida tendrá una vida efímera, ya que la Administración autonómica se sumará a la prescripción por principio activo que aplicará el Ministerio de Sanidad en noviembre, aunque Feijóo eludió confirmar esta incorporación "hasta que no esté en el BOE".

Menos trámites para grandes industrias

Alfombra roja para los grandes proyectos industriales. Hasta nueve trámites administrativos, entre ellos cualquier traba que pudiera suponer el planeamiento municipal, se eliminarán de un plumazo para cualquier empresa que llegue con 50 millones de inversión y un compromiso de crear al menos 250 puestos de trabajo. Así está previsto en el anteproyecto de ley reguladora de la política industrial de Galicia, que ayer aprobó el Consello de la Xunta y calificada de "revolucionaria" por el titular de Industria, Javier Guerra.

La ley crea la figura del proyecto industrial estratégico, del que se beneficiarán "las propuestas de inversión para la implantación o ampliación de una o varias instalaciones industriales, que supongan una expansión significativa del tejido industrial gallego o a su consolidación". Con la simple declaración por el Consello de la Xunta de proyecto estratégico, se eliminará la iniciación, instrucción y resolución de al menos esos nueve procedimientos administrativos. La Xunta no detalló ayer cuáles son esos trámites ni facilitó el texto del anteproyecto, aunque avanzó que estarán relacionados con la licencia de actividad, terreno industrial, procedimientos de ayudas y subvenciones y establecimiento de la prevalencia de ese proyecto sobre cualquier otra actividad de utilidad pública.

Otra de las novedades previstas en el texto es el de la eliminación de la necesidad de autorización administrativa previa para el inicio de una actividad industrial, "tal y como estipula la legislación europea", según la Consellería de Economía e Industria. Así, el permiso se considerará directamente facilitado con la presentación "del proyecto y la declaración responsable".

La ley obligará a la Xunta a realizar una planificación industrial para periodos de cuatro o cinco años, que pivotará sobre programas sectoriales "que desarrollen o verifiquen el contenido de la norma". De esta manera, el Plan Director de la Industria contendrá las líneas generales y directrices básicas de la política industrial gallega. Además del anteproyecto de ley, el Consello aprobó el cese a petición propia del número dos de Economía e Industria, José Riesgo, y su sustitución por Borja Verea Fraiz.

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