Feijóo defiende como "legal" la certificación falsa de Hernández

Es su hombre para las infraestructuras. Así que la estrategia consiste en esperar a que escampen los escándalos que salpican -desde antes incluso de ser nombrado- al conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández. La defensa que hizo Alberto Núñez Feijóo de su mano derecha para obras públicas, fue ayer menos cerrada que cuando estalló el caso de las supuestas incompatibilidades derivadas de su trasiego desde la Xunta a los cuadros directivos de las empresas con las que había contratado.

El presidente de la Xunta señaló primero al técnico director de obra de la variante de Lira (Salvaterra), cuando se le preguntó por la certificación falsa avalada por Hernández que dio por concluida una obra que la antigua empresa en la que trabajó el conselleiro apenas había comenzado. Luego se escudó en el informe de intervención de la Diputación de Pontevedra. Y al final acabó cargando contra el BNG, autor de la denuncia, por haber certificado "en 48 horas" también infraestructuras sin acabar desde el gobierno local de Pontevedra.

"Hay delitos que no se pueden probar", dice sobre el archivo del 'caso Barbanza'

Sin entrar a juzgar si esta práctica es "habitual", como alegó Hernández en su descargo, Feijóo, conselleiro de Obras Públicas en el último Gobierno de Fraga, apeló al servicio de intervención de la Diputación de Pontevedra para calificar como "legal" la tramitación administrativa de esta obra pública. "Se cumplió estrictamente la ley, hablamos de una certificación de obra avalada por la empresa adjudicataria que no produce ningún efecto a la hacienda pública", subrayó.

Desde que tomó posesión, Feijóo va aparcando su rigurosa doctrina de campaña sobre la regeneración democrática. Sus contradicciones resultaron ayer evidentes. En el caso de la carretera de la Diputación de Pontevedra, rebajó la responsabilidad hasta el director de obra de la infraestructura en cuestión. Pero cuando se le preguntó acerca del sobreseimiento de la querella del PP contra la Consellería de Política Territorial anterio, por la adjudicación de la autovía del Barbanza, se alegró "profundamente de que los funcionarios fuesen absueltos" y apeló a las responsabilidades de su superior orgánica, la ex conselleira María José Caride, a quien culpó "del encarecimiento de la autovía".

En su ataque contra Caride, el presidente de la Xunta se valió de otro requiebro dialéctico. Su argumento partió del "máximo respeto a las decisiones judiciales" para concluir que "hay delitos que no se pueden probar". Así justificó la insistencia de las críticas del PP al bipartito, aun después de que el juez que investigó la querella determinase que ésta "no puede estar más huérfana de trascedencia penal". Como reza el argumentario del PP, el presidente de la Xunta se aferró a dos términos presentes en el auto, que califican como "chocante y sorprendente" la decisión de la Mesa de Contratación de pedir un segundo informe para valorar las ofertas de las empresas que optaban a construir la vía del Barbanza. Sobre esas dos palabras se asienta la ofensiva póstuma del PP contra el bipartito.