Funcionarios denuncian sentirse "acosados" por defender el gallego
"Acosados, discriminados y excluidos". Así es como dicen sentirse Brais Fernández, Carmen Ferreiro y Manuela Arias, todos ellos trabajadores de la Capitanía Marítima de Burela (Lugo), por su defensa del cumplimiento de la legislación vigente en materia idiomática.
Cambios en el puesto de trabajo sin recibir instrucciones sobre el nuevo cometido laboral, restricciones en el acceso a la información y "faltas de respeto" o "exceso de carga de trabajo" son algunas de las consecuencias con las que dicen encontrarse a diario estos funcionarios por parte de los superiores de una capitanía en la que no se tramita ningún expediente en gallego.
Cuenta Brais Fernández, portavoz de los funcionarios afectados, que sufren esta situación desde hace más de cinco meses, cuando reclamaron la aplicación de la normativa lingüística y denunciaron su incumplimiento a la subdelegación del Gobierno y la Oficina de las Lenguas Oficiales. No obtuvieron respuesta alguna. "Luego el acoso llegó a un límite insoportable", precisa el funcionario, quien explica que dos de sus compañeras están de baja y tienen "mil problemas" cuando cursan una solicitud de vacaciones o asuntos médicos "sólo por estar en gallego".
El presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, criticó la discriminación lingüística en la Administración del Estado, "uno de los sectores que más incumple la legislación en materia idiomática", enfatizó.
