Galicia ordena reagrupar aulas con menos de 20 alumnos
La Consellería de Educación dio ayer instrucciones a todos los centros de Galicia para reagrupar a los alumnos de diferentes cursos y ciclos en una misma clase. La circular, emitida por la Dirección Xeral de Centros y Recursos Humanos del departamento que dirige Jesús Vázquez, indica que los alumnos de distintos cursos de Educación Infantil y Primaria se deberán agrupar respectivamente en una única clase "siempre que el número de estudiantes sea inferior o igual a 20". En Primaria, además, se contemplan reagrupaciones entre los tres ciclos: inicial (de seis a ocho años), medio (de ocho a diez) y superior (de diez a 12). El tope, en este caso, es de 15 alumnos por aula.
El sindicato CIG tachó la medida de la Xunta de "economicista" y denunció que la reagrupación sólo busca "reducir el profesorado de los centros y, por lo tanto, rebajar la calidad de la enseñanza".
CIG denuncia que la consellería pretende "reducir profesorado"
La Consellería de Educación, sin embargo, afirma que estas instrucciones son un "simple recordatorio" de una normativa que se aplica desde hace tiempo. El director general de Centros y Recursos Humanos del departamento educativo, José Manuel Pinal, explica que la reagrupación en Infantil y Primaria "se hace todos los años". Una comisión técnica analiza la información sobre el número de alumnos por clase de todos los centros de Galicia y "simplemente, se aplica la normativa". "Es un trabajo de procedimiento", cuenta Pinal, que se aplica mayoritariamente en colegios del rural que cuentan con muy pocos alumnos en Infantil y Primaria.
CIG denuncia también que la circular de la Dirección Xeral de Centros y Recursos Humanos "no se negoció en la mesa sectorial", de manera que la consellería "roba así un derecho que la legislación vigente reconoce a los representantes del profesorado". Pinal sostiene, sin embargo, que la reagrupación de alumnos "no es una cuestión de negociación". El sindicato exige la retirada de la circular y advierte de que emprenderá "acciones legales" y propondrá "medidas de presión a los centros para impedir su aplicación" si la consellería no anula la orden.
