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Garzón investiga un fraude fiscal de 13 millones por el IVA de la 'leche negra'

Peritos del ministerio implican a granjas, industrias e intermediarios

La multimillonaria factura derivada del fraude de la leche negra sigue engordando en la Audiencia Nacional. El juzgado número 5 acaba de recibir un informe redactado por dos peritos del Fondo Español de Garantía Agraria del Ministerio de Medio Rural que cifra en 12.917.632 euros la estafa a la Hacienda Pública. Los 245 folios incorporados a las diligencias previas que instruye Baltasar Garzón aluden a miles de facturas falsas emitidas entre 1997 y 2004 por media docena de sociedades fantasma con el objetivo de evitar a todo el sector el pago de la multa que la Unión Europea impone a los países que sobrepasan la cuota de producción asignada en Bruselas.

La prueba pericial destapa un engaño generalizado en el que aparecen implicados decenas de miles de ganaderos, cooperativas, intermediarios y también las grandes industrias lácteas por deducir el IVA a través de albaranes falsificados. El fraude fiscal de 12,9 millones vendría a sumarse a otro mayor de 249 millones de euros a los presupuestos de la Unión Europea que también investiga el juzgado en estas mismas diligencias previas. Sólo la causa abierta en esta sala -hay otros procedimientos similares abiertos por distintos jueces- estima la existencia de un mercado negro que habría comercializado 1,2 millones de toneladas durante ocho años -la cuota anual para España rondaba los seis millones de toneladas anuales durante los ejercicios investigados- al margen de los cauces legales de distribución. El cálculo parte de una investigación realizada por una brigada de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción.

Un informe anterior sobre este caso cifra la estafa a la UE en 249 millones
Defraudar más de 120.000 euros conlleva entre uno y cuatro años de cárcel
Más información
Una industria pide imputar a decenas de miles de ganaderos
Otra sociedad pantalla en O Carballiño

El juez ha citado el 4 de diciembre a los peritos del ministerio del Ministerio de Medio Rural, Manuel Armijo Torres y Jesús Peribáñez Pérez para que ratifiquen su dictamen. En él detallan las cantidades defraudadas y las separan en función de si éstas superan o no los 120.000 euros por empresa y año, lo que constituiría un delito penal castigado con entre uno y cuatro años de cárcel, además del pago de una multa que multiplique por seis la cantidad defraudada.

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En este primer grupo el informe sitúa a los principales operadores del sector lácteo. Industrias como Puleva habrían defraudado a través de dos filiales 1,7 millones de euros desde 1997 hasta 2002 y Corporación Alimentaria Peñasanta SA (Capsa), 376.134 euros.

En el mismo período grandes cooperativas como Láctea del Guadalquivir SL habría deducido IVA a través de facturas falsas por un importe de 801.202 euros, igual que la sociedad Nuestra Señora Virgen de Alcantarilla, 772.529 euros o Ganadería San Antón, 690.094 euros. Entre estas agrupaciones de ganaderos figura Lasurgal SL, de Melide, a quien el informe le atribuye una estafa de 144.395 euros en 2004 y otra docena de cooperativas gallegas de Friol, Melide, Ordes, Xermade, Narón, Lourenzá, Pobra do Brollón y Vimianzo, que no rebasaron el tope mínimo tipificado en el Código Penal.

En las sociedades intermediarias investigadas por la Audiencia Nacional sí figuran sin embargo dos firmas gallegas, ambas con sede en Lugo: Logística y Gestión de Lácteos SL, a la que los peritos del ministerio le culpa de un fraude en el IVA de 2003 por valor de 473.571 euros y Trebol Lácteos de Galicia, que entre los ejercicios 2002 y 2004 habrían defraudado a Hacienda 641.831 euros.

En las mismas diligencias figuran gigantes del sector como Leche Pascual y otras sociedades como Nuprosa SA, Luasol, SL, o Clesa, a los que se le atribuyen fraudes inferiores a los 120.000 euros y que por tanto no implicarían un tipo penal.

La trama que investiga el juez Garzón la destapó uno de los principales imputados, Pedro José Merediz Blanco, ya fallecido, representante de las sociedades tapadera que emitían facturas falsas para disimular la leche fuera de cuota. En un escrito de alegaciones que envió al juzgado, Merediz Blanco explicó la doble contabilidad que sus firmas procuraron a industrias y productores a cambio de comisiones que rondaban los tres céntimos de euro más IVA por cada litro de leche blanqueadas.

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