El Gobierno informará al Parlamento cuando recurra a financiación privada

El PP y el PSdeG se pusieron ayer de acuerdo para instar a la Xunta a que informe al Parlamento cada vez que recurra al sistema de financiación público-privada. Es un mecanismo que se ha incrementado con el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y que consiste en sufragar infraestructuras con dinero aportado por empresas que la Administración paga a lo largo de los años mediante un canon anual. Estas hipotecas que asumen las arcas de la comunidad no computan como deuda pública y solo necesitan ser aprobadas por el consello de la Xunta, pero comprometen los presupuestos por varias legislaturas. Con la Proposición no de Ley que se aprobó ayer en la comisión parlamentaria de Economía, Facenda e Orzamentos, se aportará "mayor transparencia", según ambos grupos.

Los grupos buscan dar "mayor transparencia" a las cuentas públicas

A la comisión iban dos propuestas distintas de PP y PSdeG, que consiguieron transaccionar para dar "aunque sea un pequeño paso", en palabras de la socialista María José Caride. Su grupo pretendía que el Parlamento no sólo fuese informado de cada una de estas actuaciones, sino que se tuviesen que aprobar en el Pleno de la cámara. En pos del acuerdo, los socialistas también renunciaron a instar a la Xunta a que incorporase en los presupuestos "que se especifiquen los compromisos de pago derivados de los proyectos de colaboración público privados con una clara referencia a la cuantía de las inversiones financiadas por esta vía y los compromisos de pago anual previstos a lo largo de la duración de las concesiones".

El portavoz de los populares, Pedro Puy, rechazó este punto por entender que eso mismo ya está incluido en la última ley de presupuestos. "No vamos a instar a la Xunta a hacer algo que ya tiene que hacer", dijo el diputado. De hecho, los presupuestos de 2011 ya incluyen un anexo que recoge las actuaciones con financiación privada.

Entre las posturas de ambos grupos hay un matiz. Lo ya aprobado en la ley de presupuestos, obliga a la Xunta a informar de la financiación ya cerrada, mientras los socialistas pretendían que lo hiciese también de la prevista. "Para saber los contratos que hay asignados solo hay que consultar en el Diario Oficial de Galicia", reprochó Caride.

No obstante, ambos renunciaron a sus posturas iniciales en un debate atípico, tal y como reconocieron los propios parlamentarios, ya que las proposiciones de uno y otro se debatieron juntas y de ella emanó el escueto acuerdo al que hacía referencia Caride.

Se quedó al margen el BNG, que aunque aplaudió que se aporte más transparencia a las cuentas públicas, prefirió abstenerse por no estar de acuerdo con estas fórmulas de financiación. "Supone la privatización de servicios públicos como la sanidad y la educación, algo que ya ha dado muy malos resultados en otros sitios", argumentó el nacionalista Fernando Xabier Blanco en referencia a la financiación privada de infraestructuras sanitarias como el hospital de Vigo.

El debate también fue atípico por el tono. Desde la primera intervención, Pedro Puy se mostró abierto a llegar a un acuerdo y los tres grupos debatieron alejados de los corsés de los guiones que en ocasiones llevan los parlamentarios. "Vamos a abstraernos de quienes somos. Desconfiemos de los poderes públicos, que pueden hacer mal uso de financiación público privada, y demos más transparencia a este sistema", pidió el portavoz de economía del Partido Popular en el Parlamento.

Aunque finalmente los socialistas no pudieron ir tan allá como querían, aplaudieron el tono de Puy y cedieron en su intención de aprobar en el Parlamento cada financiación privada, algo que el PP rechazó "para no crear un debate que se presta a demagogia" cada vez que la Xunta recurra a esta fórmula. El diputado asumió que "todavía hay que avanzar un poco más sobre esta regulación", pero destacó que Galicia es pionera y que los pasos que hay que dar son "muy complejos".