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Hacienda rastrea irregularidades en más de 4.500 promociones inmobiliarias

La inspección fiscal se centra en las provincias de A Coruña y Pontevedra

La Agencia Tributaria dispone de información pormenorizada sobre más de 4.500 promociones inmobiliarias desarrolladas en Galicia en los últimos años y comienza a cruzar los datos en busca de posibles movimientos irregulares de fondos. A escala nacional, según detallan fuentes de Hacienda, el parque inmobiliario rastreado por sus técnicos supera las 80.000 promociones.

El fisco investiga grandes diferencias entre coste y precio de venta de los pisos

La ofensiva, fruto del Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 2005, pivota sobre varios ejes: desde descubrir la ocultación de la titularidad real de los bienes hasta la comprobación de la declaración de transmisiones por valores inferiores a los reales, pasando por las subcontrataciones y las uniones temporales de empresas. Otro frente abierto consiste en actuaciones coordinadas sobre inmobiliarias que están interrelacionadas o que realizan operaciones entre ellas.

El peso del sector inmobiliario en la Galicia atlántica ha llevado a los técnicos de Hacienda a centrarse sobre todo en las promociones de Ferrol-A Coruña-Santiago y Vigo-Pontevedra. Sólo el año pasado se concedieron en Galicia 52.000 visados de obra por parte de los colegios de arquitectos, de los cuales 7.000 fueron para rehabilitación y el grueso se lo llevaron las nuevas edificaciones, según datos de la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia.

Las pesquisas de los inspectores fiscales, según Luis Pedroche, director general de la Agencia Tributaria, avanzan en una doble dirección. Por un lado, se está aprovechando la información facilitada en algunos casos por los propios promotores, los colegios de arquitectos y los notarios para destapar minoraciones irregulares de beneficios en los desarrollos urbanísticos.

De otro, los inspectores fiscales proceden a contrastar el coste de ejecución de las obras declarado por el constructor con el precio final de venta. "Si el margen de rentabilidad obtenido se sitúa fuera de determinados parámetros se procede a investigar", señaló Pedroche. Juegan con una ventaja: los márgenes de las promociones suelen ser bastante fijos, según las calidades, lo que facilita el trabajo de la Agencia Tributaria.

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Entre otras medidas, Hacienda está procediendo en algunos casos al requerimiento de los contratos privados para dificultar que se escrituren operaciones por un valor inferior al real cuando se trata de ventas sobre plano. Técnicos de la Agencia Tributaria han detectado que algunos inversores que adquieren el inmueble al promotor por esta vía lo transmiten a terceros antes de firmar la escritura, "obteniendo un beneficio fácil de ocultar", dado que no han llegado a figurar como propietarios en los registros de la propiedad, "por lo que es preciso requerir información al promotor sobre los titulares intermedios".

Dentro del control del sector, los inspectores fiscales también tienen puestos sus ojos en las empresas pequeñas o incluso creadas para una única promoción y que después quedan inactivas, aunque sin darse de baja en el censo. "Se llegan a dar casos", aclaran, "en que existe una solicitud de devolución del IVA soportado, sin ingreso del IVA correspondiente a la venta de viviendas o locales terminados".

El arrendamiento entre particulares ocupa otro capítulo del plan de prevención puesto en marcha por la Agencia Tributaria. Y, en concreto, son las viviendas deshabitadas uno de los focos de atención de los inspectores. Para Hacienda resulta muy complicado el chequeo de los alquileres irregulares en viviendas desocupadas. Una de las vías empleada es la solicitud a las comunidades autónomas información sobre las fianzas de los arrendamientos.

Los notarios, criticados por la permisividad con la que procedían a dar fe de escrituras públicas en la compraventa de viviendas por debajo de su valor real de transacción, comienzan a colaborar con el fisco. En virtud de un acuerdo, todas las operaciones por importe superior a los 200.000 euros que consideren que pudieran tener trascendencia fiscal o conllevar riesgo de delito son comunicadas a Hacienda. También los actos o cambios de titularidad de bienes.

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