Hernández afirma que los desmanes del urbanismo en Barreiros "no son únicos"

Para el conselleiro de Infraestruturas, el problema de que un ayuntamiento de 3.203 habitantes conceda 5.800 licencias de contrucción de viviendas es, sobre todo, "la insuficiencia de servicios de alcantarillado, suministro de agua potable o electricidad". Según Agustín Hernández, además, los desmanes urbanísticos de Barreiros, en A Mariña lucense, "no son únicos en la comarca". Él no los cito ayer en el Parlamento, en donde compareció interpelado por el PSdeG, sino que lo hizo el diputado popular Román Rodríguez: pensaba en Foz y en Viveiro. Pero la situación en estos dos municipios, gobernados por los socialistas, dista de necesitar los 14,1 millones de euros que Xunta, Diputación de Lugo y Ayuntamiento pagarán para dotar de "las infraestructuras básicas" a las casas levantadas en Barreiros antes de 2007 con permiso del alcalde del PP, Alfonso Fuente Parga.

La consellería sigue sin mostrar el aval jurídico al convenio que impulsa

El convenio entre las tres Administraciones, explicó el conselleiro, estará en vigor antes de mayo, mes electoral. "Aprovecho, señor Rego, para ver si nos echa una mano con Costas", espetó Hernández al parlamentario socialista Ismael Rego, responsable de la interpelación. El titular de Infraestruturas se refería al informe preceptivo de la Dirección General de Costas, todavía pendiente y necesario para llevar adelante las obras de acondicionamiento de las viviendas a través de un plan sectorial supramunicipal. El Gobierno de Feijóo, que por el momento no ha enseñado el aval jurídico ni de intervención del plan a la oposición, sufragará el "60%" de la operación, el ente provincial lucense aportará más de un millón y el consistorio de la localidad, el resto de los 14,1 millones.

La Xunta bipartita había suspendido, en 2007, las normas municipales de Barreiros en materia urbanística. La decisión la avaló recientemente el Tribunal Superior de Xustiza. Diversas sentencias a partir de las 44 licencias urbanísticas recurridas en su día por el bipartito, han ido declarando ilegales permisos concedidos por el Ayuntamiento.

El diputado del PSdeG, Ismael Rego, afeó al conselleiro Hernández que "todos los gallegos tengan que pagar los millones que tendrían que poner los promotores". Teresa Táboas, responsable de urbanismo del BNG, se sumó al socialista, comparó el episodio de Barreiros con un capítulo de Corrupción en Miami y denunció lo "increíble" de que "haya que pagar con recursos públicos los destrozos de los promotores".

Hernández, sin embargo, se escudó en que el actual Ejecutivo "se encontró" con este panorama y que el convenio que impulsa su departamento "trata de articular soluciones, no legalizar nada ni dar coberturas a posibles situaciones irregulares". "La pretensión de la Xunta es proporcionar a los vecinos servicios básicos para el desarrollo de su vida diaria", añadió.