Hernández firmó una certificación falsa a favor de su antigua empresa

Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, certificó como responsable de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Pontevedra el final de obra de una carretera de acceso a Lira, una parroquia de Salvaterra de Miño, que apenas si ha comenzado a construirse. No obstante, la Diputación de Pontevedra pagó el pasado 17 de marzo 331.629 euros a Sercoysa, adjudicataria de la obra y empresa de la que Hernández fue director de construcción y apoderado. El diputado provincial del BNG, Gabriel Martínez, lo presentó ayer como un caso de "grave falsedad" en documento público que implica, además de al conselleiro, al presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y al alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, como los anteriores, del PP.

La obra, con la denominación oficial E.P. 4102 Variante de acceso a Lira (Salvaterra de Miño), fue solicitada por el Ayuntamiento de Salvaterra e incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2006, con financiación del Estado. Fue licitada por 458.000 euros y adjudicada a Sercoysa por 391.864 euros. El plazo para concluirla acabó en diciembre de 2007, pero la Diputación solicitó una prórroga de un año que le fue concedida.

Un año después, la obra seguía paralizada: tan sólo se han ejecutado unos desmontes y allanamiento de tierras. Pese a ello, desde la Diputación Provincial, con el visto bueno de su presidente, Rafael Louzán; de Agustín Hernández, en tanto que jefe de Infraestructuras del organismo provincial, y de Baltasar Pujales Estévez como director de la obra, el 19 de diciembre de 2008 se certificó el final de la obra "para engañar al Estado y pagar a la empresa Sercoysa", apuntó ayer Gabriel Martínez.

Consecuentemente con esa certificación, la Diputación Provincial pagó el pasado 17 de marzo 331.629,24 euros a Sercoysa.

Fuentes próximas al conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras precisaron ayer a este periódico, en relación con el asunto, que a Hernández, en su condición de director de Infraestructuras de la Diputación, no le correspondía "certificar" el final de ninguna obra -competencia del director, Baltasar Pujales-, sino que "meramente daba el conforme como un trámite de control administrativo".

La obra no pudo hacerse antes, desde que fue aprobada en 2006, porque estaba pendiente de un permiso de la Confederación Hidrográfica del Noroeste, según las mismas fuentes, que también señalaron que "hubo que certificar" el final de la obra porque se acababa el plazo y se perdía la financiación del Estado comprometida.

Los diputados Henrique Viéitez, autonómico, y Olaia Fernández Davila, en el Congreso, que acompañaron ayer a Gabriel Martínez, señalaron, sin embargo, que la Diputación Provincial pudo solicitar una segunda prórroga para ejecutar la construcción de la variante, antes que certificar en falso su conclusión.

Este asunto, según Viéitez, refuerza la necesidad de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre las actividades del conselleiro Hernández en la Administración y en las empresas que le dieron empleo. Olaia Fernández también interpelará al Gobierno sobre este tema. La posibilidad de llevarlo al juzgado, por los presuntos delitos que implica, será una decisión del BNG como organización, según indicaron.