El Igape no comprueba el uso de sus ayudas

Un dicho popular asegura que estar junto a una maleta llena de dinero es como arrimarse a un bote de pintura, uno se acaba manchando aunque no quiera. Hace casi dos semanas, un escándalo salpicaba a dos altos cargos del Igape, el instituto de promoción de la economía que Manuel Fraga impulsó en 1992. Joaquín Varela de Limia Cominges, su director, era detenido junto con el subdirector de información del organismo Carlos Silva. Como ellos, otras 15 personas, entre las que se encuentra un ingeniero de la Consellería de Infraestructuras, resultaban imputadas en el marco de la Operación Campeón, que intenta destapar una trama dedicada al fraude de subvenciones públicas.

Los cimientos de la Consellería de Economía e Industria temblaron cuando la juez de Lugo, Estela San José, una joven que ha dirigido sonadas investigaciones, ordenó por sorpresa un registro en la propia sede del organismo bajo la sospecha de que, desde dentro, una red de empresas recibía información sobre cómo defraudar ayudas con facturas falsas e inversiones ficticias. Los trabajadores del organismo público se sintieron desconcertados y más de uno pensó que el escándalo podría terminar con la desaparición de la institución. Al fin y al cabo la presienta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acaba de hacer algo parecido con el Instituto Madrileño de Desarrollo, de competencias parecidas.

"Se politizado poco a poco", afirma uno de sus antiguos gerentes

Todas las ayudas que otorga el Igape están sujetas a un control burocrático

Los fondos que gestiona no son propios, la mayoría vienen de Europa

El Consello de Contas alertó de irregularidades en los años noventa

Javier Guerra, el conselleiro que nombró a Varela, se apresuró a negarlo y a reafirmar la apuesta de la Xunta por el Igape, que este año otorgará más de 300 millones en subvenciones y préstamos. El caso se cerró, por el momento, con la suspensión voluntaria en el cargo de Joaquín Varela y Carlos Silva. El primero ya ha contactado con su anterior empresa, la consultora PriceWaterhouseCooper y medita abandonar definitivamente el instituto. Fuentes próximas creen que ha salido escaldado del sector público y de la política, sobre todo después del calvario de una detención que se prolongó durante casi tres días en los que apenas le dieron un par de minutos para ver a su familia. Esposado, con cara de desconcierto, antes de verse con la juez su abogado le recordó que podía negarse a declarar. No le hizo caso. Durante una hora de interrogatorio explicó que por sus manos pasaban miles de expedientes, que a veces él y otros directivos tenían que quedarse a trabajar hasta la madrugada para cumplir los plazos. El secreto de sumario ha impedido conocer las imputaciones concretas que se le atribuyen tras una profunda investigación que arrancó hace un año por casualidad, a causa de unas escuchas por narcotráfico.

La única certeza es que la Xunta se está esforzando en dar una imagen de normalidad, lo que por el momento no incluye ningún cambio en la estructura del ente. "Nada en modo alguno va a ralentizar, ni mucho menos paralizar, la labor de promoción del Igape", señaló Guerra. Tampoco habrá mayores controles. El organismo está sujeto a la Ley de Gestión Económica y Financiera Pública y, a la vez, al derecho privado (en sus relaciones externas de Administración patrimonial y contratación). En sus casi 20 años de historia ha tenido siete directores -ocho si se tiene en cuenta que Guerra ha tomado las riendas mientras no se aclara el lío judicial-. "Pretendíamos concentrar en una agencia buena parte de los instrumentos de apoyo", recuerda el exconselleiro de Economía José Antonio Orza, bajo cuyo mandato se gestó.

Su segundo director, Jorge González Gurriarán, se encargó de reunir en un mismo lugar al Igape junto a entes hasta entonces dispersos (Sodiga, Inesga y Bic). "Fui tremendamente exigente con el personal y respondieron, tenía una plantilla muy buena", asegura. "¿Qué pasó después? que se ha ido politizando", matiza.

Otro de sus directores, que prefiere no ser identificado, explica la dualidad interna. "Por una parte tiene que ser más ágil en la respuesta, y por otra garantizar que se cumple el procedimiento". "Es importante entender que se trata de un gestor de fondos que no son propios. Son en su mayoría europeos y están condicionados por una reglamentación y por la ley de subvenciones. Las ayudas están sujetas a un estricto control documental en el 100% de los casos, no es aleatorio", explica. También defiende la honestidad de la plantilla. "Tienen un perfil de controladores, en cada ayuda intervienen muchas personas. ¿Que las empresas pueden presentar facturas falsas? Como en todas partes, hay siempre un porcentaje de clientes que te sale rana".

Desde el Igape se oyen voces discrepantes. "No está dimensionado para lo que tenemos sobre la mesa, nadie va a salir a comprobar si una empresa se gastó el dinero que le dimos en hacer una nave o en comprar una máquina porque no tenemos personal para eso", lamentan. Los expedientes que resuelven se cuentan por miles cada año. En la última década ha otorgado cerca de 800 millones en ayudas directas, 388 (hasta 2008) en incentivos regionales, y avales por 408 millones. Fue en la etapa del bipartito, con José Ramón Fernández Antonio de conselleiro, cuando comenzaron a reducirse las subvenciones a fondo perdido a favor de las ayudas reembolsables con las que el instituto podía volver a financiar a las pymes. En Luxemburgo, el exconselleiro consiguió el primer acuerdo de una región con el Banco Europeo de Inversiones. Fue un balón de oxígeno que se sigue utilizando: este año facilitará financiación por importe de 100 millones de euros. Por uno de esos préstamos, de casi tres millones, la juez empezó a tirar del hilo hasta encontrar al presunto defraudador, el empresario Jorge Dorribo, ahora en la cárcel.

El de Lugo no es el único escándalo que ha soportado el Igape. Informes del Consello de Contas de la década de los 90 alertaban de que sus normas de control eran "en la mayoría de los casos contrarias a las disposiciones legales": el personal se seleccionaba sin garantías de igualdad de oportunidades, un elevado número de contratos administrativos se adjudicaba directamente y algunas convocatorias de ayudas tampoco contenían "criterios objetivos". Una de sus primeras actuaciones, en 1993, fue la adjudicación de 2.500 millones de pesetas a Aguas de Sousas para la construcción de 256 viviendas en Ourense. La firma de agua embotellada, que luego cedió sus derechos a Dragados y Construcciones, había comprado los terrenos solo 20 días antes.

Antonio Ramilo, que presidió a los empresarios gallegos, también recibió el alivio de cuantiosos préstamos para sus negocios cuando estaban a punto de naufragar. Fue antes de la primera reestructuración del Igape, obra de Margarita Rodríguez Rama. "Siempre defendí que la eficacia es compatible con la eficiencia", asegura. Niega discrecionalidad en la concesión de fondos. "Tiene mecanismos transparentes, no toma decisiones a la ligera, sino en el plano técnico. Puede haber errores, pero el modelo sigue siendo válido", defiende.

En los últimos tiempos el Igape no se libra de haber cometido errores de bulto. La conservera Alfageme quizá sea el paradigma. Ahora en proceso de liquidación, recibió avales de más de 30 millones con el bipartito en la Xunta. Los empleados, en paro y sin haber cobrado las indemnizaciones, no se explican dónde está ese dinero y qué controles ejecutó el organismo.