El Igape traslada y asciende al cargo imputado en un presunto fraude
Carlos Silva pasa a trabajar como responsable en la delegación de A Coruña
El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) ha ascendido a Carlos Silva, imputado dentro de la llamada Operación Campeón, a la categoría de "técnico responsable de programas" en la oficina que del organismo en A Coruña. Silva había sido apartado de la subdirección de Información Especializada cuando se vio envuelto en el caso, que investiga una trama que presuntamente obtenía de forma fraudulenta subvenciones y préstamos públicos. El 27 de mayo, el conselleiro de Economía, Javier Guerra, anunció las suspensiones de Silva y del director del organismo, Joaquín Varela (también imputado) como una medida "muy dura, pero necesaria para que ellos puedan ejercer su derecho a la defensa". Los dos habían sido interrogados tras pasar dos días incomunicados en el calabozo. Guerra insistió en todo momento en que ambos se habían apartado voluntariamente de sus responsabilidades hasta que la situación se aclarase, confiando en un desenlace favorable. La juez de Lugo que impulsó la investigación, Estela San José, no ha levantado el secreto de sumario, por lo que se ignoran los cargos concretos que les atribuye.
El cargo de libre designación iba a ser asignado tras un concurso
La consellería recalca que Silva realiza "funciones de oficina"
La oposición pidió entonces la cabeza de Guerra, pero el Gobierno gallego consideró suficiente quitar los galones a los técnicos. Varela, procedente de una empresa de consultoría, desapareció del organigrama y pronto, según algunas fuentes, volverá a ejercer en la empresa privada. Carlos Silva, funcionario de carrera, retrocedió en la escala de mando del organismo. Hasta hace una semana ejercía como técnico raso en servicios generales sin más responsabilidades. Pero las cosas ya han vuelto a cambiar. El Igape le ha concedido un puesto de libre designación en A Coruña antes incluso de que se abra el proceso selectivo para cubrir otras plazas similares que están vacantes, como la de Vigo. Aunque el nuevo cargo no tiene el nivel de una subdirección -como la que ocupaba-, se asimila a una jefatura de servicio y lleva aparejado un salario de 44.500 euros, mayor a los que proporcionalmente cobran los funcionarios en el resto de la Administración gallega.
La Xunta quita hierro a la decisión: "Como cualquier técnico puede optar a esa vacante", argumentan en la Consellería de Economía. Insisten en la presunción de inocencia y aseguran que en su nuevo destino realiza "funciones de oficina, de atención al público". Lo cierto es que el nuevo reto laboral de Silva es una plaza codiciada y que, pese a otorgarse a dedo, iba a estar sujeta a una selección previa según los méritos de los candidatos.
Con este movimiento, que aleja de Santiago al funcionario imputado, la reestructuración interna que Joaquín Varela impulsó antes de que estallase el escándalo casi se ha completado. Áreas tan sensibles como la que planifica la financiación de las empresas, de la que depende la línea de avales que concede la Xunta, han pasado de tener 39 técnicos a 17, según denunció el PSdeG en el Parlamento. Se han creado nuevas categorías hasta completar los 38 cargos directivos de libre designación en una plantilla de 133 personas, a poco más de un responsable por cada tres puestos base. En una de las áreas de mando, la de Desenvolvimento Rexional, sólo habrá dos trabajadores, el director y un técnico. En su día, el conselleiro Guerra explicó estos cambios como "una demanda del sector".
En el plano judicial, la Operación Campeón sigue su curso con el principal sospechoso, el empresario lucense Jorge Dorribo, en prisión. La juez tiene indicios de que su grupo societario, encabezado por la empresa farmacéutica Nupel, podría haber presentado proyectos ficticios para cobrar subvenciones como la que el Igape le otorgó este año, de casi un millón de euros, y que el Diario Oficial de Galicia publicaba ayer en un resumen trimestral de autorizaciones. Guerra aclaró que la ayuda del Igape fue aprobada antes de la operación judicial, y que eso "no quiere decir que vaya a ser pagada", porque confía en que la empresa no cumpla con los requisitos para justificar la inversión del dinero.
