Industria aboga por cambiar los estatutos de Reganosa
La venta de Reganosa activa un complejo sistema de bloqueos accionariales que representa todo un dilema para la Xunta, presente en la compañía con un 10% de su capital y dos miembros en su consejo de administración. La intención de Reganosa al convocar la junta extraordinaria que aprobará la salida de su accionariado de Endesa, Banco Pastor, Caixa Galicia y Caixanova, que suman un 41%, es que el resto de socios renuncien a la vez a su derecho de adquisición preferente, para propiciar que el fondo australiano Commonwealth Bank se haga con el control de la planta de Mugardos. Esta intención, plasmada en la convocatoria, choca con la posición de la Xunta, contraria a priori a la desgalleguización de la compañía gasista y obligada a pronunciarse al respecto.
Según el orden del día de la junta extraordinaria, para aprobar la venta de cada uno de los paquetes propuesta por los socios, incluidas las dos cajas, la Administración gallega no sólo tendría que mostrar su disposición y votar, sino hacer explícita su renuncia a asumir dichas acciones (21% de Endesa, 10% de Caixa Galicia, 5% de Caixanova y otro 5% del Pastor). A la junta también se propone "la renuncia por parte de cada uno de los socios al plazo de 20 días previsto en los estatutos para que la sociedad se pronuncie sobre la transmisión de acciones". Es decir, se lleva el acuerdo para agilizar toda la operación y cerrarla ese mismo día.
Derecho preferente
Como consejeros son representantes de la Xunta en Reganosa los directores generales Manuel Galdo, de Política Financieira, de Facenda, y Ángel Bernardo Tahoces, de Industria, que también votarán sobre la modificación de estatutos en cuanto al derecho de adquisición preferente y la ejecución del derecho de prenda; es decir, el canje y pignoración de acciones, como el acordado en su día entre los Tojeiro (18% del capital de la planta) y la Corporación Caixa Galicia.
En este sentido, el director de Industria dio ayer por seguro que habrá una junta extraordinaria el próximo 3 de septiembre, antes de la convocatoria inicial y a petición del Gobierno gallego, para abordar la posible modificación de sus estatutos en el sentido de permitir que "empresas gallegas tengan derecho de adquisición preferente en caso de que otros accionistas se deshagan de su participación en la empresa".
