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Industria admite planes viejos de Fenosa para concederle parques eólicos

Industria divulga la resolución del concurso eólico un mes después de ser aprobada

Tras un mes repasando el resultado del concurso eólico, la Consellería de Industria anunció ayer que el reparto quedará definitivamente aprobado hoy, con su publicación en el Diario Oficial de Galicia (Doga). La resolución acaba con una de las grandes incógnitas: aquellas empresas -principalmente Fenosa, la gran beneficiada del reparto- que recibieron menos potencia que la que en sus solicitudes designaron como la mínima para que su inversión fuese viable no estarán obligadas a monetarizar su inversión -pagando a una sociedad pública una cantidad equivalente- sino que podrán adaptar proporcionalmente sus planes a los megavatios que finalmente reciben.

Industria ha publicado además un anexo a la resolución con el título de Planes industriales de las empresas seleccionadas. El documento, minimalista en la descripción de los proyectos, enumera en el caso de Fenosa actuaciones que la compañía ya tenía previsto acometer en 2009, meses antes de que se aprobase la orden que dio el pistoletazo de salida al nuevo reparto.

Es el caso de la adaptación de la central térmica de Meirama para que funcione con biomasa, proyecto que ya preveía la empresa en septiembre de 2009, según declaró entonces su presidente, Salvador Gabarró. Otras actuaciones, como la rehabilitación del poblado de Os Peares, difícilmente se pueden entender como derivadas de un plan industrial.Esquemático hasta lo críptico es el proyecto que encabeza la caja gallega a través de Galenova, si se atiende al texto que ha publicado Industria. Así, la relación se limita a nombrar una serie de empresas y sociedades ligadas al sector de la automoción, desde la Citroën a la Plisan, sin mención alguna a su papel. Fuentes de Novacaixagalicia alegan que el proyecto está relacionado con el desarrollo de coches eléctricos, pero rechazan dar más detalles. Tampoco explican más del plan industrial de la sociedad Torre de Hércules, impulsada en su día por Caixa Galicia, descrito con el escueto enunciado de "plan de extensión de redes NGA [nueva generación]".

Desde que se anunció la resolución en noviembre, el BNG ha insistido en que las empresas que han recibido menos potencia que la que fijaron como umbral mínimo de viabilidad están obligadas a monetarizar su inversión para seguir adelante. El Bloque se basa en la propia redacción de la orden de marzo, a la que Industria da ahora la vuelta para defender que la monetarización es solo una opción más. En caso de que tuviese que renunciar a su plan industrial, Fenosa, por ejemplo, debería pagar unos 1.000 millones de euros.

La consellería se justifica en un párrafo del artículo 7 de la orden en que se establece, de forma genérica, que la inversión debe ser proporcional a los megavatios obtenidos. Un apartado posterior, que alude específicamente a los proyectos que reciben menos de lo solicitado, solo prevé, por el contrario, la opción de la monetarización o la de la renuncia. Guerra adujo ayer que las previsiones de este segundo precepto son "opcionales". El texto de la resolución definitiva las interpreta, en ese sentido, como un "derecho subsidiario de la obligación principal".

Las 11 adjudicatarias que pueden monetarizar su inversión deberán comunicar a Industria antes de que termine enero por cuál de las tres alternativas optan.. En caso de que elijan adaptar su plan industrial a la menor potencia de viento adjudicada, tendrán que hacerlo en las dos primeras semanas de febrero.

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Guerra, acompañado por el director general de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, defendió "la total independencia e imparcialidad" de la adjudicación. "Se ha hecho una revisión exhaustiva parque a parque y la resolución no difiere en nada de la propuesta planteada y que ya se conoce desde el 19 de noviembre", explicó. "Algunos mintieron y difamaron para intentar alterar la realidad", reprochó a continuación, sin dar nombres.

El conselleiro insistió asimismo en el carácter gallego de muchos de los proyectos, que alcanza el 79% del capital invertido. La Xunta calcula que la inversión total se quedará muy cerca de los 6.000 millones de euros, derivada en un 50% de las inversiones directas en los parques y en una tercera parte de los proyectos industriales. Guerra insistió además en que las empresas deberán cumplir los calendarios que han fijado para desarrollar los planes industriales, si no quieren quedarse sin la autorización definitiva para los parques.

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