Luz verde de la Justicia a la apertura de Meirás

El Pazo de Meirás, la residencia veraniega de Francisco Franco, ahora propiedad de sus herederos, tendrá que abrir al público cuando lo decida la Xunta. El Tribunal Superior de Galicia acordó ayer desestimar el recurso presentado por Carmen Franco Polo, hija del dictador, en el que solicitaba la paralización cautelar del decreto aprobado el 30 de diciembre del año pasado, que declaraba el pazo Bien de Interés Cultural (BIC), y por lo tanto, de acceso público, aunque restringido a cuatro días al mes.

La familia había basado su petición en los gastos de vigilancia y de seguro de accidentes que le ocasionaría tener que abrir el edificio y su finca, "así como el alto coste que supondría tener que recibir a los visitantes procedentes de toda Galicia, sin descartar que puedan existir problemas de orden público ante una eventual manifestación de carácter político".Los herederos de Franco argumentaban también contra la apertura del pazo que los visitantes podrían "aprovechar la ocasión para cometer algún acto vandálico o atentado". Sin embargo, la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior califica esta relación de perjuicios de "hipotéticos, cuando no absolutamente irreales", y apunta que alguno de ellos podría tenerse en cuenta cuando la Administración autonómica fije el calendario y el sistema de visitas. También especifica que, de producirse esos daños, la Xunta tiene mecanismos para resarcirlos.

El auto del Tribunal Superior, del que fue ponente el magistrado Alfonso Villagómez, desecha asimismo argumentos del recurso como que la declaración de BIC se había hecho "para allanar el camino a una futura expropiación", o que la Xunta carecía de competencias en la materia. El texto judicial concluye que en este enfrentamiento de intereses debe prevalecer el interés público sobre el particular de la demandante.

El Pazo de Meirás, que en realidad son y se llamaban las Torres de Meirás cuando eran propiedad de Emilia Pardo Bazán y sufrieron una reforma arquitectónica de estilo regionalista para darle aire de pazo, fueron donadas al poco de finalizar la Guerra Civil al entonces Caudillo. Una iniciativa promovida por las fuerzas vivas coruñesas que completó, mediante coacciones, la cantidad que el agradecimiento voluntario no pudo reunir. Esa fue una de las razones por las que, ya en los primeros años de democracia, surgió un movimiento popular para pedir su devolución al patrimonio público.

Después de este dictamen del Tribunal Superior, Carmen Franco dispone de cinco días para presentar un recurso de súplica. Este sería el último cartucho que la familia Franco tendría en la batalla judicial que se produjo desde el inicio del expediente de declaración de BIC. Los Franco se habían opuesto incluso a la entrada al lugar de los expertos que deberían inspeccionar el edificio y establecer sus valores históricos y su grado de conservación. Ahora tendrán que esperar a que la nueva Xunta acuerde el régimen de visitas, que será pronto, según dijo hace días el director general de Patrimonio Cultural, José Manuel Rey Pichel. No todo son malas noticias para los propietarios: también podrán solicitar ayudas públicas para el mantenimiento del Pazo.