Mar elimina las ayudas asistenciales a las mariscadoras de más de 65 años

Las mariscadoras mayores de 65 años -edad a la que pierden el permiso de explotación- que no hayan contribuido a la Seguridad Social un mínimo de 15 años para acceder a la jubilación se quedarán este año sin la ayuda de 557 euros mensuales implantada por el Gobierno bipartito en 2007. Con esta cantidad, a la que se sumaba otra de un máximo de 350 euros correspondiente al importe del recibo de la Seguridad Social que sí se mantiene, la Xunta trataba de hacer más llevadera la subsistencia de estas mujeres durante el tiempo que les faltaba para tener derecho a una pensión contributiva.

El recorte en las ayudas, para las que este año hay presupuestados 671.000 euros -en la última convocatoria de 2009 fueron 1.508.000 euros- deja a unas 1.000 personas mayores de 65 años sin más prestación que la del abono a la Seguridad Social, con la que el colectivo había suscrito un convenio especial que permitía a las mariscadoras retiradas seguir pagando los recibos de cotización hasta completarla. Fue la única solución para un colectivo que no estuvo obligado a cotizar hasta el año 2000, demasiado tarde para las trabajadoras a las que les faltaban menos de los 15 años exigidos para jubilarse. El mismo día en que la mariscadora cumple los 65 se le retira el permiso de explotación (permex), por lo que no pueden continuar trabajando ni tienen derecho a jubilación. Precisamente esta línea de ayudas estaba encaminada a corregir la situación de desamparo en la que quedaban las mariscadoras, abonando por un lado la cotización y, por otro, una prestación equivalente a una pensión mínima de jubilación sin cónyuge a cargo.

"Hay mucha gente sin trabajo que no recibe ese sueldo", dice Quintana

Ante las mariscadoras, con las que se reunió ayer en Noia, la conselleira Rosa Quintana explicó el recorte como un acto de justicia. "Tenemos que tratar a todos los profesionales por igual. Es injusto para el resto del sector, en un contexto de crisis económica, que este colectivo reciba además del importe del recibo de la Seguridad Social un sueldo de 557 euros. Hay mucha gente sin trabajo que tampoco recibe ese sueldo", argumentó la conselleira. Quintana aprovechó la visita para anunciar la convocatoria de 45 nuevos permisos de explotación para Noia y Muros, de acuerdo con el objetivo de su departamento de "generar actividad e incrementar los puestos de trabajo para incorporar a gente joven".

La pérdida de la parte más cuantiosa de la ayuda -la que suponía un ingreso inmediato para el beneficiario- ha causado un profundo malestar en la Asociación Galega de Mariscadoras e Mariscadores (Agamar), que acusa a la Xunta, a la que pide rectificar, de "dejar en la indigencia a mil personas" y de "ocasionar la quiebra de economías muy modestas". Natalia Laíño, presidenta de la asociación, se queja además, de la manera en la que se presentó la nueva convocatoria de ayudas recortadas, "sin justificación, de forma casi clandestina y sin ningún tipo de consulta al sector". "¿Para qué cotizar hasta alcanzar los 15 años si mientras no se recibe ninguna prestación?", se preguntó. A cuatros años de 2015 -al término del cual las mariscadoras que empezaron a cotizar en 2000 cumplirán los requisitos para poder jubilarse- la decisión de Mar muestra, en palabras de Alberto Muñoz, asesor jurídico de las mariscadoras, la "falta de sensibilidad de la Xunta en temas sociales".

En una comparecencia ante la prensa acompañada del secretario general de Agamar, Manuel Maneiro, y de un asesor jurídico, pidió reunirse con los grupos parlamentarios y con el presidente de la Xunta, así como con la responsable de Mar, Rosa Quintana. "Si seguimos por este camino nos vamos a quedar sin nada", auguró Laíño al recordar la decisión de la Xunta, recurrida por Agamar, de no renovar el seguro colectivo del sector pesquero, expirado el pasado 1 de octubre, que había contratado el primer Gobierno de Manuel Fraga.