Martinsa-Fadesa denunciará a Jove por inflar el valor de la compañía
El empresario gallego acusa a Martín de querer tapar sus propios errores
La junta de accionistas de Martinsa-Fadesa, a instancias de varios socios, entre los que se encuentra su presidente, Fernando Martín, decidió ayer iniciar acciones legales contra Manuel Jove y Antonio de la Morena, que eran presidente y consejero delegado respectivamente en el momento de la venta de la compañía, acordada en septiembre de 2006. Aquella operación se cerró con la adquisición del 86% de las acciones por parte de Martinsa por 3.512 millones de euros. Dos años después, entraba en suspensión de pagos con un pasivo de 7.000 millones.
Los actuales accionistas creen que los expropietarios ocasionaron "perjuicios a la sociedad por su participación en la incorrecta valoración de los activos inmobiliarios". También apuntan a "otras irregularidades" relacionadas con la situación patrimonial y financiera de la empresa. Entre las actuaciones supuestamente fraudulentas entraría una operación de compra de terrenos en la localidad mexicana de Loreto por un precio superior al valor real.
Fuentes cercanas a Jove aseguran que las acusaciones son "un disparate"
El año pasado, el consejo de Martinsa-Fadesa accedió, tras una reclamación del juzgado mercantil de A Coruña que lleva el concurso, al informe de la empresa Richard Ellis sobre el que Jove valoró la compañía en 2006 y que, dicen fuentes de Martinsa, posteriormente "desapareció". En él, los actuales responsables de la promotora inmobiliaria que acaba de superar el concurso detectaron "incorrecciones" en tasaciones de activos que inflaban su precio.
Fuentes cercanas a Jove calificaron ayer de "disparate" las acusaciones y contraatacaron acusando a Fernando Martín de querer "engañar a los pequeños accionistas" por introducir la propuesta en el turno de ruegos y preguntas de la junta, lo que impidió el debate.
El entorno del empresario gallego considera que no tiene sentido que, tras cuatro años de firmar la venta y después de llevar intervenida judicialmente desde julio de 2008, se cuestione ahora la valoración de los activos. "Quiere desviar la atención sobre su propia responsabilidad en la insolvencia de Martinsa-Fadesa", señalan las mismas fuentes.
El informe de Richard Ellis, fechado en diciembre de 2006, apuntaba a unos activos totales de 10.800 millones de euros. El plan de viabilidad y el informe de los administradores concursales rebajaron esa cifra a 3.500 millones. En medio había estallado la gran burbuja inmobiliaria.
Tras el via crucis del concurso, ayer el juez del Mercantil número 1 de A Coruña, Pablo Carreró-Fojón, aprobó el convenio de la promotora que pone punto y final a la suspensión de pagos gracias al apoyo del 73% de los acreedores. Los afectados tienen dos formas de cobrar las deudas: en cinco años pero renunciando al 70% del importe o embolsarse el 85% en un plazo de ocho años y el resto, en diciembre de 2022. Ese 15% también puede convertirse en un crédito participativo que, a la postre, se podría transformar en acciones.
