Nueva sentencia contra una piscifactoría en Ribadeo
Las pretensiones de Acuinor para construir una piscifactoría en Rinlo, en el municipio lucense de Ribadeo, quedaron definitivamente descartadas con una nueva sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), que anula el proyecto sectorial que en su día (28 de julio de 2005) había aprobado el Gobierno en funciones de Manuel Fraga. Se trata de la segunda resolución judicial dictada en los últimos meses por el Superior contra de esta planta acuícola. La portavoz de Adega, Adela Figueroa, y el abogado de la organización, Apolinar Gomez, la dieron a conocer ayer.
En la sentencia anterior, del 23 de septiembre de 2009, el TSXG se pronunciaba en contra de la declaración de impacto ambiental. La nueva resolución anula, además, la posibilidad de construir la planta al consider "inaceptable" que se planease ubicar en un Lugar de Interés Comunitario (LIC), protegido como Red Natura por la Unión Europea. Que la declaración de impacto ambiental en que se sustentaba esta instalación ya fuera anulada previamente, fue uno de los argumentos que tuvo en cuenta el tribunal.
"Es un precedente"
El letrado de Adega concluyó que a la vista de ambas sentencias queda clara "la inviabilidad" de la ubicación del proyecto acuícola de Rinlo, en la zona protegida de As Catedrais. Figueroa explicó que estas dos sentencias son las primeras que se fallan en Galicia a favor de un espacio de Red Natura y en contra de intereses privados. "Constituyen un precedente que se puede aplicar a otros proyectos que atenten contra la normativa europea de la Red Natura", advierte.
El abogado entiende además que no es posible que la empresa que tenía adjudicada la piscifactoría pueda exigir, como anunció, una indemnización de 8,2 millones de euros. "En su momento reclamaron una indemnización a Adega y fue desestimada la demanda e incluso le impusieron las costas".
La asociación ecologista no se conforma con las sentencias y estudia la posibilidad de querellarse contra los responsables de estas autorizaciones. "Se trata de un tema que no se puede resolver con una simple resolución administrativa y que los responsables se vayan de rositas". Adega valora demandarlos por prevaricación ambiental, delito ecológico y contra la ordenación del territorio.
