Operación Campeón
La investigación que dirige la juez Estela San José, en el marco de la denominada Operación Campeón, ha concluido su primera fase con la declaración de los principales implicados en una presunta trama de obtención fraudulenta de subvenciones y préstamos públicos a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). La gravedad del asunto reside en que no solo han quedado en situación de imputados el empresario lucense Jorge Dorribo y sus diferentes colaboradores en la trama, sino también el director y un subdirector del Igape.
Aunque por el momento desconocemos los concretos delitos que se atribuyen a los implicados, porque las diligencias del sumario permanecen bajo secreto, lo cierto es que la juez decretó la "libertad provisional con imputación en la causa" del director y el subdirector del Igape. Resulta por ello incomprensible y criticable que algunos medios de comunicación, encabezados por la televisión pública de Galicia en su primera información al respecto, transmitan la noticia de la situación jurídica de dichas personas como "libertad sin fianza", en un ejemplo de grosera manipulación informativa, como ya sucedió con relación al caso de la Operación Orquesta.
La juez Estela San José respetó escrupulosamente la ley y ató los cabos de una compleja investigación
Ni que decir tiene que el dato principal de la noticia era, obviamente, que las personas interrogadas quedaban en situación de imputadas y que, por tanto, no se trataba de una "libertad sin cargos", sino de una libertad (en todo caso, "provisional", según señala la Ley de Enjuiciamiento Criminal) con cargos. Una vez sentado esto, el hecho de que a los imputados se les exigiese, o no, fianza es un dato secundario y que, por supuesto, nada tiene que ver con la solidez de los indicios de comisión de un delito apreciados por la juez. La fianza no es más que una medida cautelar dirigida a garantizar el cumplimiento efectivo de la futura sentencia y con ella se pretende simplemente evitar el peligro de fuga o de ocultación del patrimonio del imputado.
Otro aspecto digno de comentario en este caso es la crítica a la actuación de la juez San José por parte de algunos políticos y de determinados medios de comunicación, como ya aconteció asimismo en el caso de la Operación Orquesta. Sin embargo, tal crítica desconoce que, con arreglo a la información que tenemos, la juez no solo respetó escrupulosamente lo dispuesto en la ley sino que además trató de cumplir cabalmente con su deber, esto es: atar todos los cabos de una complejísima investigación, con el fin de que en tres días no se malograse una actuación que se llevaba preparando desde hace más de un año, cuando la Fiscalía Antidroga de Pontevedra envió a la juez instructora de Lugo un importante material probatorio, producto de una parte de las diligencias previas incoadas sobre la actividad de un empresario relacionado con el sector náutico (en donde también aparecía Jorge Dorribo), con motivo de investigaciones de la Agencia Tributaria en materia de narcotráfico y blanqueo de bienes.
Y, precisamente por ello, los responsables del PP no deberían tener queja alguna del modo de proceder de la juez San José, que esperó a que pasase la jornada electoral del 22 de mayo para actuar, cuando a buen seguro tenía preparado todo el operativo desde bastantes días antes. De este modo, se evitó que la actuación judicial perjudicase las expectativas electorales de dicho partido, dado que el director del Igape fue nombrado por el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, con lo que existe indudablemente una responsabilidad política in eligendo.
Por lo demás, se trata de una actuación judicial que contrasta de forma llamativa, por cierto, con la de otros casos, como señaladamente fue el de la autovía del Barbanza, en el que los altos cargos y funcionarios de la Consellería de Política Territorial del Gobierno bipartito fueron citados a declarar por el juez tan solo cuatro días antes de las elecciones generales de marzo de 2008, pese a que, dadas las características del caso, no habría habido problema alguno para que la citación se hubiese retrasado cinco días, puesto que la investigación no se habría visto perjudicada en lo más mínimo. Todo ello con la circunstancia agravante de que en este caso la investigación judicial vino propiciada simplemente por una querella (a la postre totalmente infundada, como reconoció el juez del caso) de un rival político, como era el propio PP.
