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El PP acusa a Unións Agrarias y PSOE de malversar 645.000 euros de la Xunta

Los socialistas alegan que se trata de insidias y tachan de "fantasma" a Miranda

La paz de las cajas, el armisticio que había ordenado la dirección del PP para aplazar cualquier ataque al PSOE mientras se negociaba la fusión, ha expirado. El portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, acusó ayer al PSOE y a Unións Agrarias de tejer con el bipartito una red de satélites para defraudar 645.000 euros de dinero público. El número tres de los populares se cuidó muy mucho de anteponer a cada verbo palabras como supuesto, presunto, hipotético y otros sinónimos. Pero habló directamente de "financiación ilegal" de "sacar por la puerta de atrás de la Xunta 645.000 euros" y de "empresas fantasma que captaban subvenciones de la Xunta pensadas para desviar fondos públicos".

Los populares dicen que las entidades las fundaron 44 cargos del PSdeG
Pablo García amaga con ir al juzgado y descalifica esa "lista de Schindler"

La denuncia del PP toma como base ayudas por un importe de 645.000 euros que tramitó la Consellería de Traballo del bipartito a 28 organizaciones que Antonio Rodríguez Miranda vinculó al partido socialista. Se trata de fondos europeos para contratar a parados ,y que, según el dirigente popular, sirvieron para "pagar gastos de campaña del PSOE y también para presuntamente ahorrar nóminas al propio PSOE y ya veremos a quién más".

Para arropar su denuncia, el Partido Popular difundió a la prensa un informe para relacionar a 44 cargos socialistas, la mayoría concejales en municipios pequeños que habrían fundado las 28 asociaciones entre 1999 y 2006, y que mediante las ayudas comunitarias pudieron contratar a 47 personas durante 2006. Hasta ahí, de momento, las pruebas aportadas por Rodríguez Miranda, que ayer anticipó nuevos capítulos de este "escándalo que removerá los cimientos del Partido Socialista".

Los populares dejan entrever que esos contratos no cumplieron con la función para la que habían sido concebidos. Retomaron el episodio de la agente electoral Mabel Blanco, contratada por la organización Viticultores do Castro hace cuatro años, que finalmente acabó trabajando para Unións Agrarias y haciendo campaña durante un mes por el PSOE de Muxía en Buenos Aires, según ella, por encargo del entonces candidato socialista, Félix Porto, dirigente también por aquella época del sindicato agrario. El caso está en manos de un juez de Corcubión que ha imputado al secretario de organización del PSdeG, Pablo García, por su gestión realizada entonces como dirigente de Unións Agrarias. Pese a la rotundidad de sus acusaciones, Rodríguez Miranda, quien a principios de año se vio obligado a devolver al Parlamento dietas cobradas de forma irregular por viajes no realizados, evitó anticipar si el caso acabará también en los tribunales.

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Esa incógnita la despejó por la tarde el socialista Pablo García. Anticipó que los servicios jurídicos del partido ya preparan "una querella para responder en los juzgados a las insidias lanzadas por Miranda, que ese sí es un fantasma". García defendió que la orden de ayudas es "finalista", sirve para "pagar los sueldos de los parados" no para financiar campañas, ni agentes, ni viajes, ni siquiera material. Puso como ejemplo entidades como el museo diocesano y cofradías que también percibieron esos fondos, "así como todos los ayuntamientos de Galicia, donde el PP aún tiene la mayoría de los alcaldes".

Aseguró que Unións Agrarias hacía la tramitación para muchos colectivos del rural a los que les gestiona todos los trámites y reveló que muchas de las asociaciones -11 de las 28, según ha confirmado la Xunta- siguieron recibiendo la misma subvención con el Gobierno de Feijóo. "¿Significa eso que el PP está financiando al PSOE?", ironizó. Descalifió la investigación del PP como una búsqueda en Google, puesto que, según dijo, la orden de ayudas estaba colgada en la web de la Xunta y llamo "lista de Schindler" a la relación de cargos socialistas facilitada por el PP.

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