El PP convierte el pacto antitránsfugas en papel mojado con su política en Mos

El Acuerdo Antitransfuguismo que renovaron en 2006 las fuerzas parlamentarias españolas naufraga en toda su extensión en Mos, donde gobierna desde diciembre una alcaldesa del PP, Nidia Arévalo, tras la moción de censura que desalojó a la socialista María Jesús Escudero con el apoyo de un tránsfuga del propio PSdeG. El actual gobierno sigue actuando como grupo popular porque las leyes (Electoral y de Régimen Local) pesan más que cualquier pacto político y el PP, que promovió el cambio, ni lo ha condenado ni siquiera, contra lo que también ordena el pacto, descarta llevar a sus protagonistas en su lista de las próximas elecciones locales.

El pacto antitransfuguismo ha permitido, mediante reforma legislativa, crear la figura de "concejales no adscritos", para meter en ella a los tránsfugas y la limitación de sus derechos. Son tránsfugas los concejales que "apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local".

Los ediles del gobierno tendrían que funcionar como "no adscritos"

Al haber solicitado la "baja cautelar" de militancia, el PP no puede expulsarlos

En el caso de Mos, la moción de censura fue promovida por Rafael Louzán, presidente provincial del PP, y su equipo, lo que desactiva toda disonancia del partido con el grupo local, cuyos concejales tampoco fueron expulsados del PP, sino que pidieron una "baja cautelar" meses después de ocupar el gobierno en previsión del dictamen de la Comisión de Seguimiento del pacto. Esta comisión tuvo que desviar su caso al Comité de Expertos y no dictaminarlo en su reunión de diciembre, como estaba previsto, porque el propio PP negaba la existencia de transfuguismo en Mos.

Con ese precedente, mal podía "desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolario" como ordena el pacto.

Ahora, dictaminada taxativamente su condición de tránsfugas, los concejales tendrían que señalarse como "no adscritos" y no podrían funcionar como grupo político en las sesiones plenarias, ni participar en la junta de portavoces, que sólo puede ser constituida por los de los grupos políticos. Sin embargo, los concejales del gobierno de Mos siguen identificándose a todos los efectos como grupo popular y percibiendo la asignación (de 300 a 400 euros mensuales) para funcionamiento que les corresponde como tal.

Los ediles se agarran a sus actas, que certifican su elección por el PP, lo que prevalece durante todo el mandato. Además, el titular del acta es el concejal, no el partido por el que haya sido elegido. La dirección provincial ahora se lava las manos. Aduce que no puede intervenir en un "asunto interno" del Ayuntamiento de Mos (la autonomía de los concejales para denominarse como quieran) y que tampoco puede expulsar del partido a los tránsfugas porque ya no pertenecen al mismo.

En Mos el PP está dirigido ahora por una gestora que preside Camilo González, presidente de Nuevas Generaciones. Los tránsfugas del grupo municipal frecuentan la sede y Nidia Arévalo incluso posó como protagonista en la pegada del primer cartel del PP en la campaña de las europeas. Pero, formalmente, ni militan ni ostentan ninguna participación orgánica.

El pacto compromete, entre otras cosas, a no presentar a tránsfugas como candidatos a cualquier elección, "sea cual sea el partido al que hubiesen pertenecido", pero la dirección provincial del PP adelanta que, si los de Mos deciden volver, en su momento se analizará su petición. Con lo cual, nada del pacto antitránsfugas, cuya denominación exacta es Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, ha cuajado en Mos. Su existencia, según afirma, "permitió fomentar y consolidar la conciencia social del carácter inadmisible y la naturaleza políticamente patológica de tales comportamientos [los tránsfugas], incompatibles con el sano funcionamiento de una democracia representativa en el nivel local". Pero es ajena.