Padres, sindicatos y profesores, escépticos con la ley de convivencia
Buena parte de la comunidad educativa cree que una norma no cambia conductas
El anteproyecto de convivencia en la comunidad educativa, que la consellería presentó el martes, establece por ley, entre otras cosas "el derecho de los profesores a ser respetados". La mayoría de la comunidad educativa representada por asociaciones de padres, directores y sindicatos cree que una norma no cambia conductas y lamenta que el departamento dirigido por Jesús Vázquez no haya tenido más en cuenta su opinión a la hora de redactar el borrador.
El apoyo "con matices" del sindicato ANPE, que ve reflejadas en el texto muchas de sus reivindicaciones, contrasta con el rechazo del resto de organizaciones representadas en la mesa sectorial. Coinciden en señalar que los problemas de la educación son demasiado profundos para solucionarlos con una norma, que la central mayoritaria, la nacionalista CIG, tacha de "propaganda". Como soluciones, coinciden en la reducción de las ratios profesor-alumno, algo que no contempla el borrador.
Apoyo generalizado a que el profesor tenga rango de autoridad pública
El sector lamenta que no se le haya consultado antes de elaborar el texto
El texto pasará en las próximas semanas por el Consello Escolar de Galicia y por el Observatorio Galego da Convivencia Escolar. En ambos organismos están representados padres y profesores, que temen que la norma llegue casi cerrada y lamentan no contar con el suficiente tiempo para hacer un debate sobre las características que debería tener la ley.
José Ángel Suárez Alonso, presidente de la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria de Galicia, lamenta que solo disponga de la información publicada por los medios y que el anteproyecto debería haber contado con la opinión del gremio. A pesar de eso, está de acuerdo con algunas de las líneas básicas, como el hecho de que al profesor se le dé rango de autoridad pública, con presunción de veracidad y una mayor cobertura jurídica.
Mucho más crítico es su colega Xosé Antonio Pardo Cuñarro, presidente de la Federación Galega de Asociacións de Directivos de Colexios de Ensino Público (Fegadicep), quien está "muy descontento" con la consellería y lanza varias preguntas: "¿Por qué no se analizó lo que pasa en los centros educativos? ¿los que son ingobernables se van a controlar porque haya una ley? ¿se le va a dar autoridad al profesor expulsando a alumnos? ¿dónde llevamos a esta juventud? ¿la mandamos a centros de menores?". Pardo añade que no cree que esta norma sea necesaria y que "no se puede ir únicamente con la vía normativa punitiva".
En la misma línea se manifiesta Virgilio Gantes, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de centros públicos de Galicia: "Puedo estar de acuerdo con que al profesor se le dé tratamiento jurídico de autoridad pública y con la premisa de la veracidad, pero también puede tener consecuencias negativas para el alumnado, porque estamos hablando de centros educativos, no penitenciarios". Gantes aboga por la prevención desde Primaria y por poner en marcha planes de convivencia y potenciar la figura del mediador de conflictos, asuntos que, en su opinión, deberían haberse abordado antes que la ley.
Desde el sector de la enseñanza concertada, Jorge Villarino, presidente de la Confederación Galega de APAs (Congapa), se muestra satisfecho con determinados preceptos de la ley, como la autoridad del profesor, pero también reclama mayor protagonismo de la comunidad educativa. Forma parte del Observatorio da Convivencia, que se constituyó el pasado 23 de diciembre sin tratar la nueva norma. "Nos dan 10 días para informar sobre el anteproyecto, cuando debería ser debatido antes de su presentación", expone. También asegura que le "deja frío" la consulta a los padres, que tendrán voto en algunas cuestiones educativas. "Era un buen momento para haber arbitrado alguna medida más", añade Villarino.
Respecto a la regulación de la vestimenta que posibilita el anteproyecto, la mayoría de los consultados coincide en que es un asunto menor y que ya estaba regulado por los consejos escolares. "No creo que vaya encaminado a los uniformes, sino a evitar problemas como los del velo y a mantener unas pautas", asegura Gantes. Villarino cree, sin embargo, que sería muy positivo el uso de uniforme porque es algo que "democratiza".
La obligación legal de pedir perdón
Los alumnos tendrán la obligación legal de pedir perdón después de una agresión física o moral. Profesores y personal tendrán derecho a ser respetados o a que se preserve su integridad física. También serán depositarios de deberes como el de "adoptar las decisiones oportunas y necesarias para mantener un adecuado ambiente de convivencia durante las clases y las actividades, corrigiendo cuando les corresponda la competencia". Buena parte del anteproyecto de convivencia en la comunidad educativa se dedica a legislar sobre conductas de este tipo. En palabras del conselleiro, se trata de dar un respaldo legal que antes no existía. Para algunos profesores y padres son obviedades que no aportan nada y cuya responsabilidad ya la tenían los consejos escolares.
Los centros deberán tener "normas de convivencia que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia". Sobre estas normas, el anteproyecto de ley clarifica que cada centro "concretará los derechos y deberes de los alumnos y establecerá las correcciones que correspondan por las conductas contrarias a la convivencia".
Más allá de ser un tratado de buena conducta, el anteproyecto también introduce algo que el conselleiro calificó como "vanguardista". Por primera vez en España, se regula el tratamiento al acoso escolar. El borrador lo hace en un folio que expone qué es y obliga a los centros a hacer un protocolo que contenga las siguientes acciones: "Campañas de sensibilización", establecer "canales que faciliten la exteriorización de estas situaciones" y "determinación de las medidas que se deben tomar en un caso de acoso". En los más graves se prevé que pueda intervenir un mediador externo al centro. También se incluye la obligación de informar a la inspección de estas situaciones.
El texto introduce además la posibilidad de que las familias puedan decidir aspectos educativos. Establece unos protocolos en caso de hacer consultas a los padres, que pueden ser "meramente orientativas" o tener algún "grado de vinculación para la Administración". La votación tendrá que ser autorizada directamente por el conselleiro de Educación, siempre antes del inicio del curso escolar.
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