El Parlamento aprueba la ley que prohíbe construir a menos de 500 metros del mar

La prohibición de construir a menos de 500 metros del mar entrará en vigor esta semana, después de que el Parlamento aprobara ayer la ley de medidas urgentes de protección del litoral. Los socios en la Xunta, PSOE y BNG, apoyaron la norma y acusaron al PP de ponerse con su voto en contra "del lado de los promotores", en lugar de hacerlo "del de la sociedad". Los populares dibujaron un panorama casi catastrófico como resultado de la ley, que tendrá "graves consecuencias". Entre ellas, el bloqueo de grandes bolsas de suelo y el encarecimiento de los pisos.

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, defendió la ley por necesaria para "salvaguardar el patrimonio futuro de todos los gallegos" y "evitar los abusos urbanísticos". Según Caride, la norma busca "una nueva Galicia, un país más habitable y respetuoso con su entorno", lejano a fenómenos como "el feísmo y la marbellización". Desde el lado contrario, la diputada del PP Pilar Rojo se empleó con dureza contra la nueva ley, que "paralizará Galicia" y tildó de "electoralista".

Antes de que la conselleira abriera un nuevo turno de debate en el Pleno, el socialista Abel Losada y la nacionalista Carme da Silva coincidieron no sólo en la defensa de la ley, sino también en sus críticas al Partido Popular por desarrollar una campaña en contra de la nueva normativa. Según Losada, arquitectos, ayuntamientos y empresarios han tomado posiciones a favor de la ley y dejado solo al PP. "Bueno, solo no, con los promotores", agregó. Da Silva, mientras, tachó las predicciones del PP sobre los efectos de la ley de "fraudulentas, impresentables y una falta de vergüenza".

"Están mintiendo a la sociedad", denunció la diputada nacionalista, que acusó a los candidatos a la alcaldía del Partido Popular de "pretender que siga la vorágine de que cada uno hace lo que quiere". Hurtar a los ciudadanos los beneficios que genera la acción urbanística es "robar a la sociedad", sentenció Carme da Silva, que afeó al PP que "ponga lo privado por encima de lo público".

Abel Losada arremetió contra el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, por seguir defendiendo la liberalización del suelo y la figura del agente urbanizador, lo que constituye un modelo que provocó "la mayor subida del precio del suelo de la historia". El diputado socialista atribuyó a la protección de la costa "una dimensión ideológica", característica de partidos progresistas.

Pilar Rojo, en cambio, acusó al Gobierno bipartito de "intentar criminalizar a los ayuntamientos gallegos" con la ley, que consideró "un cajón de sastre". La diputada popular culpó a los grupos que apoyan al Gobierno gallego de "aplicar el rodillo puro y duro", y recriminó a la Xunta que no haya presentado todavía el Plan del Litoral, que detallará los usos permitidos a lo largo de toda la costa, y las directrices de ordenación del territorio. La respuesta por parte del PSOE fue contundente: era el propio Gobierno del PP el que, por ley, tenía que haber presentado esos documentos el 1 de enero de 2004 y el 1 de enero de 2005, respectivamente.

La ley aprobada ayer establece la suspensión cautelar y transitoria de los nuevos desarrollos urbanísticos en la franja litoral de 500 metros, por lo que afecta al 13% de la superficie urbanizable de los municipios costeros, unas 300.000 hectáreas, y al 1% del suelo urbanizable total de toda Galicia. La norma, que crea el Instituto de Estudios del Territorio, permitirá a la Xunta declarar la incidencia supramunicipal de proyectos para crear viviendas protegidas, sin necesidad de contar con el apoyo de los ayuntamientos. El plazo máximo de aplicación será de dos años, aunque dejará de ser aplicable cuando los ayuntamientos adapten sus planes generales o cuando entre en vigor el Plan del Litoral.

Los diputados aprobaron el proyecto mientras, fuera del Parlamento, un grupo de vecinos de Vilanova de Arousa, encabezados por su alcalde, Gonzalo Durán, y acompañados por vecinos del ayuntamiento de A Illa protestaban contra la ley. La sesión fue seguida desde las butacas de invitados por unos 30 alcaldes o candidatos del Partido Popular, que mantuvieron un enfrentamiento con la presidenta de la Cámara, Dolores Villarino.

Los representantes del PP, acompañados por el secretario general del partido, Alfonso Rueda, aplaudieron la intervención de la diputada popular Pilar Rojo, lo que provocó que Villarino les apercibiese para que se abstuvieran de hacer manifestaciones. Los aplausos se repitieron minutos más tarde, por lo que la presidenta ordenó que dejasen el hemiciclo quienes se habían expresado, ante lo que abandonó la sala un reducido grupo de alcaldes.