Pesca negocia cambios en su plan de piscifactorías para afrontar las protestas

Tras tomar posesión de su cargo, José Luis Rodríguez Zapatero retiró las tropas de Irak y, en Galicia, Emilio Pérez Touriño paró el plan de piscifactorías que pretendía levantar una granja en el paraje protegido de cabo Touriñán. Aquella medida a la que el presidente de la Xunta imprimió tanta carga simbólica sigue coleando a día de hoy, ya que el proyecto que propone puntos más idóneos que los que el anterior Gobierno del Partido Popular había promovido para construir 26 nuevas instalaciones de granjas marinas aún no ha sido aprobado.

El BNG propone a la consellería que aleje las plantas de la costa

El documento, que prevé la expropiación de tres millones de metros cuadrados de litoral para cedérselos en concesión a las empresas, ha recibido un millar de alegaciones y ha provocado la convocatoria para hoy de una manifestación de protesta en Corrubedo que secundan unos 50 colectivos.

La Consellería de Pesca admite que no puede dar aún una fecha definitiva de aprobación del plan. Pero mientras el Consello de la Xunta no le dé el visto bueno al proyecto, ninguna de las empresas que tiene proyectos en marcha puede iniciar la construcción de una piscifactoría, aunque cuente ya con los permisos urbanísticos, medioambientales y de patrimonio. Esta circunstancia preocupa mucho al sector, que asegura tener bloqueados 250 millones de euros en inversiones por culpa de este retraso.

Fernando Otero, portavoz de la Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (Aroga), señala al BNG como culpable del retraso. "Estamos ante un Gobierno bipartito y el problema es una parte de ese Gobierno, que tiene vetada la aprobación del plan por intereses electorales", señala el representante de las empresas. Exculpa, sin embargo a la Consellería de Pesca: "Ha hecho lo que ha podido".

El portavoz del grupo parlamentario del Bloque, Carlos Aymerich, reconoce que el plan no convence a su partido y que están negociando cambios con el departamento que dirige la socialista Carmen Gallego. Los nacionalistas proponen que ninguna planta nueva se construya a menos de 700-800 metros del mar y que las naves de procesamiento y las oficinas de administración se ubiquen aún más lejos del litoral, "como se hace en el resto de Europa". "Quizás esto tenga un coste mayor para las empresas pero, a cambio, tendremos un litoral más protegido", explica Aymerich.

Fuentes de Pesca señalan que se están estudiando las 1.040 alegaciones presentadas contra el proyecto. Las propuestas de cambio fueron redactadas por colectivos medioambientales, asociaciones vecinales y por la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectos de Galicia. Tras este análisis, el departamento de Carmen Gallego deberá responder a las consultas e introducir las modificaciones que considere oportunas. Sólo después de este proceso podrá el Consello de la Xunta darle el visto bueno al documento.

El sector acuícola teme que el plan de piscifactorías finalmente no se apruebe, que se posponga hasta que se celebren las elecciones generales de marzo o que se introduzcan variaciones que supongan una reducción en la superficie que podrán ocupar las empresas con sus plantas.

Cualquiera de estas opciones, señala Fernando Otero, daría al traste con el liderazgo mundial de Galicia en la producción de peces planos. Si la parcela de cada planta se reduce a 10.000 metros cuadrados, señala el portavoz de Aroga, el plan sería "inasumible" para las compañías. "No es sostenible económicamente una acuicultura de peces planos con una ocupación [de suelo] inferior a la del plan presentado en junio", añade.

"El tiempo en que valía todo e imperaba la ley del Oeste en la costa ya pasó", replica el nacionalista Carlos Aymerich. "Quizás tienen razón, y es culpa del BNG".